Foro Internacional sobre Crimen Organizado reunió en la USS a referentes en seguridad
Liderada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de CESCRO-USS, la instancia contó con la apertura del ministro de Seguridad, Martín Arrau, y la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. La instancia buscó aportar evidencia, promover el diálogo público y generar propuestas para enfrentar un fenómeno criminal cada vez más complejo.
La criminalidad organizada representa hoy uno de los principales desafíos de seguridad pública para Chile y la región. Ante este escenario, la Universidad San Sebastián convocó a autoridades, especialistas nacionales e internacionales al Foro Internacional de Crimen Organizado “Seguridad, justicia y cooperación frente a una amenaza global”, liderado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de CESCRO-USS.
En la apertura, el rector Carlos Williamson destacó que “esta problemática ha traspasado fronteras y ha cambiado su complejidad y capacidad de actuación, impactando la seguridad, debilitando las instituciones democráticas y golpeando nuestras economías. Frente a esta realidad, las universidades no podemos ser espectadores pasivos. Tenemos la responsabilidad de comprender estos fenómenos, generar evidencia y contribuir, desde la investigación, a la construcción de mejores políticas públicas”.
Con ese objetivo, en 2023 la Universidad San Sebastián creó el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO-USS), que genera conocimiento y evidencia para fortalecer la respuesta frente a este fenómeno. Durante el foro, el centro dio a conocer la edición 2026 del Indicador Nacional de Crimen Organizado, cuyos resultados muestran que los delitos asociados a este fenómeno aumentaron 44,9% en los últimos tres años.
Ministro Martín Arrau: “No basta con perseguir el delito, hay que golpear su rentabilidad”
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, inauguró el foro planteando que uno de los principales desafíos en la lucha contra el crimen organizado es avanzar desde la persecución de sus operadores hacia el desmantelamiento de sus estructuras económicas. En esa línea, destacó la importancia de fortalecer la persecución patrimonial como una herramienta para afectar la capacidad de financiamiento de estas organizaciones.
Durante su intervención, la autoridad señaló que “el crimen organizado es una actividad económica”, cuyo principal objetivo es la obtención de ganancias ilícitas. Por ello, enfatizó que la respuesta del Estado debe enfocarse en atacar las fuentes de financiamiento de estas redes: “No basta con perseguir el delito. Hay que golpear su rentabilidad. Es la razón por la que la persecución patrimonial y operaciones como la Operación Tokio son tan relevantes, porque buscan desarticular la estructura desde arriba”.
Asimismo, Arrau advirtió sobre la dimensión regional del fenómeno, afirmando que “vivimos en la región más violenta del mundo” y que “se estima que en Chile operan más de 10 grupos transnacionales organizados, grupos relevantes”. Según explicó, esta expansión representa un desafío para la gobernabilidad, el control territorial y la capacidad del Estado para responder frente a organizaciones criminales cada vez más complejas.
Fortalecer las capacidades del Estado: bienes, inteligencia y coordinación institucional
El foro de crimen organizado también abordó la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para perseguir y desarticular las estructuras criminales. En ese contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, adelantó que la cartera trabaja en un proyecto para crear una agencia encargada de administrar y liquidar bienes provenientes del delito. “Hoy se dicta una (medida) cautelar real, y hasta que la sentencia definitiva no se pronuncie con el comiso, sigue el imputado administrando sus bienes”, explicó.
Por su parte, el exministro de Seguridad Luis Cordero puso el foco en la capacidad institucional para implementar nuevas herramientas de seguridad pública, advirtiendo que “si nos equivocamos en implementar la Ley de Seguridad Municipal, el ecosistema de seguridad pública fracasó”.
Asimismo, el fiscal Héctor Barros destacó la necesidad de fortalecer la inteligencia financiera y la coordinación entre actores públicos y privados, señalando que “en la Ley de Inteligencia Financiera, le daría facultades a la UAF para que pueda articular al sector público con el privado, en este caso con las instituciones financieras, a fin de que incluso previo a los reportes pudiese haber un intercambio de información. El sistema está llegando muy atrasado y es porque cada institución o cada oficial de cumplimiento tiene a la vista un hecho en particular”.
La conversación también contó con la participación del exministro del Interior e investigador CESCRO-USS, Jorge Burgos; la directora del Programa Parceros de la Alcaldía de Medellín, Paulina Patiño; y el presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), Matías Álvarez.