Permisología le costó a Chile casi US$3 mil millones y mantiene en espera más de 40 mil empleos
Según el informe elaborado por la USS, tres de cada cuatro proyectos presentaron retrasos en su tramitación ambiental durante 2025, mientras que a mayo de 2026, siete de cada diez continúan atrasados.
La permisología le costó a Chile US$2.960 millones durante 2025, equivalente al 0,9% del PIB nacional, según el “Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) 2025”, elaborado por el Centro de Políticas Públicasde la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS).
El análisis estima la pérdida económica generada por el retraso en la puesta en marcha de proyectos que se encuentran en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para este cálculo se consideran variables como el monto de inversión, la rentabilidad esperada de los proyectos, los tiempos de tramitación y sus retrasos. La cifra representa un aumento de 20% respecto de 2024, equivalente a US$490 millones adicionales.
Para Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, “la permisología es una de las principales barreras microeconómicas para el desarrollo. Cuando se extienden los tiempos de tramitación más allá de los propios plazos que fija el Estado, se afecta la valorización económica y financiera de los proyectos, se retrasa la inversión y se bloquea la generación de empleo”.
Proyectos tramitados aumentaron, pero siguen bajo el promedio histórico
Durante 2025 se contabilizaron 581 proyectos tramitados, cifra que representa un 33% menos que el promedio registrado durante los últimos 20 años (865 proyectos). De ellos, 380 fueron aprobados, equivalente al 65% de los proyectos tramitados.
Asimismo, disminuyó la proporción de proyectos desistidos (iniciativas retiradas voluntariamente por sus titulares durante la tramitación), disminuyendo de 26% a 18%. También bajaron los términos anticipados (cuando la autoridad pone fin al proceso de evaluación antes de emitir una resolución, desde 5% a 2%.
Siete de cada diez proyectos en evaluación presentan retrasos en 2026
Durante 2025, tres de cada cuatro proyectos presentaron retrasos en su tramitación, equivalente al 77% del total de iniciativas evaluadas.
El informe distingue entre dos tipos de evaluación ambiental: las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), asociadas a proyectos de menor impacto y con procesos más simples de tramitación; y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), correspondientes a iniciativas que requieren evaluaciones más exhaustivas.
Los mayores tiempos de espera se concentraron en este último grupo. Durante 2025, los EIA aumentaron su tiempo promedio de tramitación desde 776 a 790 días, es decir, 14 días más (+1,8%), superando los dos años de evaluación ambiental. Por el contrario, el tiempo de tramitación de proyectos de menor envergadura (DIA) disminuyó desde 325 a 304 días, equivalente a una baja de 21 días (-6,5%).
La tendencia observada el año pasado se profundizó en 2026. Al 5 de mayo del presente año, siete de cada diez proyectos que siguen en proceso de calificación presentan retrasos (72%), acumulando inversiones por cerca de US$61 mil millones. De hecho, durante el primer trimestre de 2026 el tiempo promedio de tramitación ambiental alcanzó su máximo histórico, llegando a 421 días corridos, es decir, cerca de 14 meses en evaluación dentro del SEIA, muy por sobre el promedio histórico de 232 días.
Los retrasos en la tramitación ambiental no solo afectan la inversión. El informe estima que la aprobación de los proyectos actualmente retrasados permitiría generar cerca de 40 mil empleos durante su etapa de construcción, además de otros 23 mil puestos de trabajo asociados a su operación y 11 mil vinculados a su fase de cierre.
Minería lidera el aumento en tiempos de tramitación ambiental
Por sector económico, Infraestructura registró los mayores tiempos promedio de tramitación ambiental en 2025, alcanzando 444 días. Le siguieron Minería, con 385 días; el sector Otros, con 358 días; Energía, con 349 días; e Inmobiliarios, con 325 días promedio.
Al analizar las variaciones respecto de 2024, Minería presentó el mayor incremento en sus tiempos de tramitación, con un alza de 20%, pasando de 322 a 385 días promedio. En contraste, Energía redujo sus tiempos promedio desde 368 a 349 días (-5,3%), mientras que el sector Otros disminuyó de 360 a 358 días (-0,5%).
Cristóbal de la Maza, investigador del Centro de Políticas Públicas de la USS y encargado del estudio, identifica tres factores que explican el deterioro en los tiempos de evaluación ambiental. “El primero es el aumento sostenido de las exigencias regulatorias, lo que ha generado expedientes cada vez más complejos y ha reducido la capacidad del sistema para evaluar proyectos en volumen”, dice.
“Se suma la falta de alineamiento entre distintos servicios públicos, dificultando avanzar en una tramitación más expedita. Finalmente, el Servicio de Evaluación Ambiental no ha sido reforzado al ritmo que exige la nueva carga regulatoria y de participación ciudadana, lo que también incide en el aumento de los tiempos de evaluación”, agrega.
Revisa el informe nacional del Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP)
Informes presentados en regiones
- Sede USS De la Patagonia: Informe Región de Los Lagos