Rector Hugo Lavados sostiene que “la paradoja es que esta política puede ir en contra de los objetivos centrales de la política: no genera mayor equidad ni mejora la calidad”.

Al plantear que los alumnos estudiarán gratuitamente en la universidad, se entiende que lo harán sin pagar mientras cursen sus estudios. Entonces, es un error asegurar que aquello se puede lograr solamente a través de un mecanismo en que los recursos se asignen directamente a las universidades, desechando sistemas conocidos y que pueden ser usados de forma bastante más sensata y equitativa como son las becas y créditos sin copago. Otro mecanismo que se podría discutir es establecer un arancel diferenciado que permitiría cobrar a los alumnos de acuerdo a los ingresos de su grupo familiar.
Otro mecanismo que se podría discutir es establecer un arancel diferenciado que permitiría cobrar a los alumnos de acuerdo a los ingresos de su grupo familiar.
Con estos mecanismos se eliminarían las dificultades que generará para las familias y las instituciones la gratuidad propuesta por el gobierno y que va en la dirección contraria del objetivo de lograr mayor cobertura e inclusión. Eso debido a que las universidades que accedan a la gratuidad, desde el punto de vista de su financiamiento, al matricular a alumnos pertenecientes al 50% más vulnerable recibirán menos o iguales ingresos que antes, porque el arancel regulado en el mejor de los casos será igual al arancel que cobran estas instituciones, es decir, el Estado les transferirá por alumno una menor cantidad de recursos. Luego, es posible que eso impacte negativamente en la calidad de la formación que reciben esos alumnos. Tampoco se orienta a los sectores más vulnerables, que cursan estudios en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica y no en las Universidades. Entonces, la paradoja es que esta política puede ir en contra de los dos objetivos centrales de la política: no genera mayor equidad ni mejora la calidad.
La gratuidad, tal como se ha planteado hasta hoy, es una política improvisada, poco reflexionada y no surge de un análisis a fondo de las instituciones.
Por otra parte cabe preguntarse qué sucederá con los jóvenes con características socioeconómicas algo mejores a las que tienen los beneficiados, quienes sentirán que pueden exigir gratuidad, todo eso en un contexto en que se ha puesto mucho énfasis en los derechos. ¿Cuál será la respuesta de las autoridades para esos jóvenes?
Esto es una muestra de que la gratuidad, tal como se ha planteado hasta hoy, es una política improvisada, poco reflexionada y no surge de un análisis a fondo de las instituciones ni toma en consideración las características socioeconómicas de la población.
Hugo Lavados Montes
Rector
Universidad San Sebastián
Vea la columna en diario Concepción.