En una carta de opinión a La Segunda, Carlos Williamson afirma que “La historia enseñó que cuando los establecimientos seleccionan, los criterios declarados y los reales suelen divergir”.
El Sistema de Admisión Escolar (SAE) fue creado en el marco de la Ley de Inclusión (2015) con el objetivo de eliminar mecanismos de selección discrecional y avanzar hacia procesos de admisión más transparentes y equitativos. Antes del SAE, los establecimientos podían aplicar entrevistas, pruebas académicas o criterios propios, generando barreras de acceso, especialmente para estudiantes vulnerables.
Después de una década la promesa se cumplió solo a medias. La segregación socioeconómica persiste, el azar gobierna el grueso de la asignación de cupos más disputados y miles de familias salen del proceso con la sensación de que el sistema no pondera atributos valiosos como el esfuerzo y el mérito académicos de los postulantes.
El proyecto de ley ingresado por el gobierno el 23 de junio recoge parte de ese malestar y propone cambios que merecen ser evaluados con objetividad, reconociendo tanto sus aciertos como sus riesgos.
Entre lo valioso, destaca la incorporación de nuevos criterios de priorización en el mecanismo aleatorio: rendimiento académico desde séptimo básico, cercanía al domicilio, adhesión al proyecto educativo. Son variables que la propia Mesa Técnica del SAE —convocada en 2025 por el Ministerio de Educación y el Senado— recomendó introducir. La lógica es razonable: cuando hay más postulantes que cupos, el sorteo puro no es neutral; invisibiliza méritos legítimos y genera frustración justificada.
También es razonable la flexibilidad excepcional que se otorga a los directores para asignar cupos de manera fundada. La rigidez del SAE actual ha sido una queja transversal: el sistema no contempla respuestas ágiles ante situaciones que escapan a sus criterios estandarizados.
Sin embargo, el proyecto genera reparos en su aspecto medular. Se crea un sistema paralelo cuando hay sobredemanda, que es precisamente la razón de crear el SAE. Este opera antes del mecanismo de asignación aleatorio, llamado de elección mutua, que permite a los establecimientos seleccionar a sus estudiantes mediante criterios propios. Se dice que es una preselección no definitiva y que subsiste un solo sistema con un algoritmo único. De no ser así, arriesga erosionar el principio de no discriminación arbitraria.
El riesgo no es menor. La historia enseñó que cuando los establecimientos seleccionan, los criterios declarados y los reales suelen divergir. La adhesión al proyecto educativo, la participación en reuniones informativas o la entrevista con apoderados pueden convertirse en mecanismos de filtro social difíciles de fiscalizar.
Chile necesita un SAE mejor, más justo y legítimo. La Mesa Técnica ofreció un camino para lograrlo sin desmantelar lo que funciona. El proyecto de ley toma ese camino solo en parte, y en el tramo que se desvía, los riesgos para la equidad educativa son reales y merecen un debate parlamentario riguroso.
Fuente: Columna de opinión de Carlos Williamson, rector Universidad San Sebastián para La Segunda.
