Impuesto a los “súper ricos”, una solución poco eficiente

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 1999 eran 12 países los que aplicaban impuesto a las más altas fortunas y actualmente son solo tres, lo que refleja lo poco eficiente que son estos tributos.

El debate por estos días dejó de ser el retiro del 10% de los fondos de las AFP, debido a que esta medida se encuentra en su etapa de ejecución y los afiliados ya comenzaron a recibir los montos solicitados de acuerdo con la reforma constitucional aprobada en el Congreso en julio. Ahora, las miradas y atención están centradas en la discusión en el Congreso de un proyecto de ley que busca gravar (pagar impuestos) a quienes tengan un patrimonio bruto igual o superior a $22 millones de dólares, en otras palabras, aplicar un impuesto a “los súper ricos”.

Esta iniciativa, impulsada por un grupo de diputados de oposición, consiste en establecer, por una sola vez, un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales. De acuerdo con la propuesta parlamentaria, se impondría un impuesto con una tasa de 2,5% sobre el patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile, titular de bienes y derecho, en Chile o en el extranjero, al 31 de diciembre de 2019, equivalentes a un valor igual o superior a $22 millones de dólares.

Se impondría un impuesto con una tasa de 2,5% sobre el patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile, titular de bienes y derecho, en Chile o en el extranjero.

El universo de contribuyentes total que estaría afecto a este gravamen corresponde a cerca de 1.900 personas que, en conjunto, suman un patrimonio de alrededor de $200 mil millones de dólares, según estimaciones realizadas por los propios autores del proyecto. Aquellos que cumplan con este requisito deberán enterar (pagar) el impuesto en el plazo de treinta días corridos contados desde la publicación de la reforma constitucional, una vez que esta haya sido aprobada por el Poder Legislativo, promulgada como ley por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial.

Difícil de aplicar

Según datos que se manejan desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 1999 eran 12 países los que aplicaban impuestos a las más altas fortunas y actualmente son solo tres. “Los países han abandonado esa política, porque no recaudaron mucho dinero. No siempre es claro por qué se da esa situación, pero pensamos que en parte ocurre porque los contribuyentes evitan el pago del impuesto”, ha dicho David Bradbury, jefe de política tributaria de dicho organismo, intentando dar una explicación por el fracaso de la medida en varios países.

Por otro lado, los expertos tributaristas coinciden en que técnicamente es complejo de aplicar un gravamen como el que se está planteando. Las principales dificultades se deben a que los activos que componen los patrimonios pueden ser de diversas características y porque gran parte de los patrimonios se encuentran en activos líquidos (invierten en fondos que les generen rentabilidad y puedan disponer de ellos rápidamente).

Se estima que este impuesto, de acuerdo también con los autores de la iniciativa, podría allegar recursos al fisco equivalentes a $ 6.500 millones de dólares.

Gastar mejor

Se estima que este impuesto, de acuerdo también con los autores de la iniciativa, podría allegar recursos al fisco equivalentes a $ 6.500 millones de dólares. Sin embargo, más allá de la tasa impositiva y de la base que se establezca para aplicar el impuesto, el objetivo de fondo que busca este proyecto es obtener recursos que permitirían implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza (según la CASEN de abril 2020: $369.205 para un grupo familiar compuesto por tres personas), para al menos el 80% de los hogares más vulnerables, por tres meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales. Esto podría beneficiar a cerca de 11 y medio millones de personas, sin considerar los requisitos que se impongan para acceder al beneficio.

En este contexto, hay que tener claro que, como es por una única vez, se trataría de un impuesto transitorio, por ende, el beneficio también lo sería. Ante esto cabe preguntarse si no es preferible implementar medidas que sean permanentes y pensar en el largo plazo, ya que esta pandemia ha evidenciado aún más las brechas de ingresos entre los chilenos y la fragilidad de la “clase media”. Sin olvidar, por cierto, la necesidad de no solo recaudar más, sino que de optimizar el gasto público focalizando los recursos en aquellos que realmente lo necesitan y mejorando la eficiencia de los programas presentes y futuros.

Carlos Fuentes Valenzuela
Académico de Ingeniería Comercial
Universidad San Sebastián