Encuesta “Chile Nos Habla”: 88% confía “poco” o “nada” en los tribunales de justicia

Según el estudio USS, el 70% percibe que el sistema protege más a los imputados, mientras que solo un 9,6% cree que favorece a las víctimas. Las principales limitaciones para denunciar delitos son la desconfianza institucional (80%), la sensación de desprotección (75,8%) y el temor a represalias (74,2%). En tanto, un 63,8% se sentiría muy inseguro al declarar en casos de crimen organizado.

La Reforma Procesal Penal, implementada hace 25 años, significó el cambio más profundo en la historia reciente de la justicia penal chilena. Su propósito inicial fue modernizar el sistema, reemplazando los procesos escritos y reservados por juicios orales, públicos y contradictorios, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta transformación dio origen a instituciones clave, como el Ministerio Público, consagrado en la Constitución como órgano autónomo con la misión de dirigir la investigación de los delitos, ejercer la acción penal pública y otorgar protección a víctimas y testigos; y la Defensoría Penal Pública, encargada de garantizar defensa técnica a quienes carezcan de recursos. Con ello se buscó equilibrar derechos, asegurar un debido proceso y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia penal. Sin embargo, dos décadas y media después, la percepción pública dista de los objetivos originales.

Poca confianza en la justicia

Según los resultados de la Encuesta Chile Nos Habla, elaborada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián junto al Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro), un 88% declaró confiar “poco” o “nada” en los Tribunales de Justicia; un 83% tiene la misma percepción de la Fiscalía y un 77,6% opina lo mismo de la Defensoría Penal Pública.

Luis Toledo, director de Cescro USS, advierte: “Los resultados de esta encuesta muestran un dato preocupante: la ciudadanía siente que el sistema de justicia penal no logra entregar la protección y confianza que necesita. La Constitución y el Código Procesal Penal son claros en cuanto al mandato de investigar, juzgar y proteger a víctimas y testigos, pero su cumplimiento depende del trabajo conjunto de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría y las policías. El desafío es fortalecer la coordinación y eficacia de todo el sistema para que las personas perciban que sus derechos están resguardados”.

Percepción de baja protección a las víctimas

Toledo explica que “la reforma nació con la intención de modernizar un sistema inquisitivo, escrito y poco transparente, reemplazándolo por un modelo acusatorio, con juicios orales, públicos y contradictorios. Su objetivo fue fortalecer las garantías del debido proceso, dar protección a las víctimas, equilibrar las funciones de investigación, juzgamiento y defensa, además de fortalecer la confianza ciudadana en la justicia penal”

No obstante, el sondeo evidencia una percepción de desequilibrio. Para el 70%, el sistema protege más a los imputados. En la misma línea, un 83,4% dice estar en desacuerdo con la afirmación de que el sistema garantiza por igual los derechos de víctimas e imputados. Finalmente, solo el 9,6% cree que el sistema favorece, principalmente, a las víctimas.

En cuanto al rol de los medios de comunicación, un 68% considera que la cobertura de casos penales contribuye a comprender mejor el sistema y su funcionamiento, mientras que un 29% estima que aporta poco o nada.

Escasa disposición a acudir a la justicia

La relación de la ciudadanía con la criminalidad y el sistema de justicia revela diferencias significativas. Un 59,9% de los encuestados indicó haber sido víctima de un hecho delictivo en los últimos cinco años o conocer a alguien en esa condición; un 36,9% no lo ha estado y un 3,1% prefirió no responder.

En ese escenario, un 31,3% acudió a la Fiscalía o a los Tribunales de Justicia, frente a un 68,7% que no lo hizo. Entre quienes sí asistieron, el 51,4% lo hizo para denunciar un delito, un 10,8% para declarar en calidad de testigo, el 9,4% para realizar consultas y un 8,1% para presentar una querella.

Las principales barreras para denunciar fueron la desconfianza en las instituciones (80%), la sensación de desprotección hacia víctimas o testigos (75,8%), el temor a represalias (74,2%), la complejidad de los trámites (61%), el desconocimiento de los procedimientos (39,1%) y la falta de pruebas (22,2%).

Temor de declarar en casos de crimen organizado

Uno de los datos más críticos fue el temor por declarar frente al crimen organizado. Un 63,8% señaló que se sentiría muy inseguro y un 17% algo inseguro si tuviera que testificar ante un juez o fiscal.

En este contexto, la encuesta muestra un amplio respaldo (83,5%) a la creación de tribunales especializados en crimen organizado, mientras que un 13,1% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Sobre la nueva Fiscalía Supraterritorial, unidad que tendrá jurisdicción en todo el país para investigar y perseguir ilícitos de alta complejidad, solo un 15,7% afirmó conocerla, frente a un 84,3% que la desconoce.

Revisa los resultados de la Encuesta Chile Nos Habla-Reforma Procesal Penal.