CESCRO-USS: aporte con evidencia y propuestas para enfrentar el crimen organizado
Este año, el centro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sumó a su trabajo el Informe de Persecución Penal del Crimen Organizado, que presentó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, Fiscalía Nacional, fiscales regionales, prensa y comunidad USS. Junto con el análisis, CESCRO-USS desarrolló propuestas que expuso al Ministerio de Justicia.
Chile atraviesa una escalada de delitos relacionados con el crimen organizado, situación que alerta tanto a autoridades como a la ciudadanía. En este contexto, la Universidad San Sebastián asume un rol activo a través de CESCRO-USS, unidad académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pionera en el estudio de este fenómeno criminal.
El equipo cuenta con una sólida trayectoria en seguridad, justicia y políticas públicas. Lo encabeza Luis Toledo, abogado y ex fiscal regional. Lo acompañan Jorge Burgos, ex ministro del Interior; Felipe Harboe, ex subsecretario del Interior; Camila Astraín, ex jefa del Departamento de Crimen Organizado de la Subsecretaría del Interior; y Nicolás Martínez, especialista en investigación aplicada.
Herramientas para entender cómo opera el crimen organizado
CESCRO-USS desarrolla instrumentos innovadores que cambian la forma de comprender el crimen organizado en Chile. El primero fue el Indicador Nacional de Crimen Organizado, que mide, caracteriza y cuantifica la presencia de estos delitos a nivel nacional, regional y comunal, y entrega una radiografía precisa de su evolución territorial. El indicador incluye una plataforma interactiva que permite revisar el detalle por zona. Durante el segundo semestre, el centro publicará su tercera edición.
Este año, el centro dio un nuevo paso con el Informe de Persecución Penal del Crimen Organizado en Chile, el primero en su tipo a nivel nacional. El análisis sigue el recorrido de las causas dentro del sistema penal y muestra resultados críticos: entre 2014 y 2024, menos de la mitad de las causas que ingresaron al Ministerio Público llegó a tribunales, solo 3 de cada 10 terminó en condena (27,8%).
Al desagregar por tipo de delito, 9 de cada 10 casos de ciberdelincuencia no tienen salida judicial y casi la mitad de las causas asociadas a organizaciones criminales no logra una resolución. El informe se complementa con una herramienta virtual que permite acceder al detalle regional y comunal.
“Este análisis muestra una brecha creciente entre una actividad criminal cada vez más compleja y la capacidad del sistema penal para investigarla y sancionarla con eficacia. Por lo mismo, se convierte en una herramienta estratégica para la política pública. Nuestra misión es precisamente esa generar evidencia con rigor metodológico que apoye decisiones orientadas a construir un país más seguro, siempre en el marco de los valores de la democracia y la libertad”, señala Luis Toledo, director de CESCRO-USS.
Del diagnóstico a la acción en los territorios
El trabajo de CESCRO-USS llega directamente a los tomadores de decisiones. El equipo expuso el Informe de Persecución Penal del Crimen Organizado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, al fiscal nacional y a las fiscalías regionales metropolitanas. Además, dio a conocer los principales resultados nacionales a la prensa, académicos y estudiantes en el campus Bellavista, lo que consiguió amplia cobertura en medios de comunicación e instaló el tema en la conversación país.
La difusión no se quedó en la capital. CESCRO-USS también elaboró informes específicos para las regiones de Los Ríos y Biobío, que presentó en las sedes de Concepción y Valdivia en encuentros con fiscales regionales, medios locales y actores clave. El próximo 18 de junio, el centro dará a conocer los datos de Los Lagos en la sede de la Patagonia, reforzando la presencia de la USS en los territorios.
Además de mostrar el diagnóstico, el centro pone sobre la mesa caminos de solución. CESCRO-USS diseñó propuestas concretas para enfrentar el crimen organizado y las puso a disposición del ministro de Justicia, Fernando Rabat, consolidando el aporte de la Universidad San Sebastián al diseño de políticas públicas basadas en evidencia.