Expertos evalúan los 25 Años de Reforma Procesal Penal
Un cuarto de siglo después de la radical transformación de la justicia penal chilena, el sistema enfrenta su mayor examen frente a las altas cifras de criminalidad y el desafío de la confianza ciudadana. Voces especialistas evaluaron sus puntos altos y los principales aspectos de mejora.
La Reforma Procesal Penal (RPP), implementada desde el año 2000, fue uno de los cambios más profundo al sistema judicial chileno. Transformó un modelo inquisitivo, donde un juez investigaba y juzgaba en procesos escritos y secretos, a uno acusatorio. Este nuevo esquema creó instituciones separadas: el Ministerio Público investiga, la Defensoría Penal Pública defiende, y Jueces de Garantía y Tribunales Orales juzgan. Los procesos son ahora orales y públicos, aumentando la transparencia del sistema.
En un momento donde Chile enfrenta una escalada de delitos violentos y la compleja irrupción de nuevas formas de criminalidad, ¿es capaz de responder a esta nueva realidad? Esta fue la temática principal del seminario organizado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO), de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS para conmemorar el cuarto de siglo de la reforma. La actividad reunió a expertos y autoridades del ámbito jurídico, entre ellos, el abogado Cristián Maturana, quien repasó los hitos de esta crucial transición.
Balance de un cuarto de siglo: luces y sombras
Paula Vial, exvicepresidenta de la Comisión Asesora para la Reforma destacó las fortalezas de este cambio y expuso que “el equilibrio, la creación de la defensoría penal pública, la búsqueda de igualdad de armas, la protección de garantías, son elementos particularmente relevantes y destacables del sistema acusatorio”. Por su parte, Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público, valoró los avances en “respeto de los derechos humanos y de garantías, la transparencia asociada a la oralidad, los tiempos de investigación y enjuiciamiento”.
Con respecto a los puntos de mejora, ambos apuntaron a desafíos persistentes. Vial señaló la urgente necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones y la capacidad investigativa, exigiendo una actualización del Ministerio Público para “entregar resultados positivos a la ciudadanía”. Fernández coincidió, lamentando que el sistema “está al debe” en “dar una respuesta más contundente y mejores resultados en delitos que a la ciudadanía le inquietan”, una deuda especialmente acentuada frente a la criminalidad organizada.
Medios de comunicación, filtraciones y transparencia
Un tema recurrente de debate es la relación entre los medios de comunicación y los procesos judiciales, particularmente, a raíz de diversas filtraciones en casos de alto interés público. Los expertos, si bien reconocen la importancia de los medios para la transparencia, coinciden en la necesidad de una revisión.
Paula Vial fue categórica: “Una de las características del sistema es su transparencia y eso es ciertamente una ventaja que debe mantenerse. Pero eso no es igual a lo que está ocurriendo con la información de investigaciones en curso, donde los antecedentes son reservados y las filtraciones están teniendo un impacto muy negativo en las presiones que se ejercen respecto de los actores, en la generación de una opinión pública muchas veces con información sesgada”.
En la misma línea, Mauricio Fernández, reforzó que el escrutinio público es parte de la lógica del sistema, pero coincide en que debe regularse mejor. “Hoy día existen manipulaciones que hay que trabajar incluso con algunos ajustes normativos en relación con el acceso a los antecedentes y al tratamiento de los antecedentes penales, creo que hay que hacer una mejora sin traicionar la transparencia que es tan necesaria”.