En una charla magistral para estudiantes de pre y postgrado de la Facultad de Economía y Negocios, la académica Yarela Flores analizó el sistema previsional chileno y presentó propuestas para mejorar las jubilaciones.
Ante una inminente reforma al sistema previsional, es amplio el debate en torno a cuál es el mejor régimen.
En este contexto, la Dirección de Egresados de la Universidad San Sebastián presentó el webinar “Sistema de pensiones chileno: Historia, evolución y mitos”, con una charla magistral de la Dra. en Economía Yarela Flores, académica de Ingeniería Comercial y del MBA Executive, programas de la Facultad de Economía y Negocios USS.
La académica explicó cómo funciona el sistema de capitalización chileno a través de tres pilares, que se financian a través de los impuestos (pilar solidario) y del ahorro de los trabajadores (pilares obligatorio y voluntario).
Al presentar la historia y evolución del sistema previsional, Flores relató que Chile se empezó a acercar a la seguridad social en 1919, al ingresar a la Organización Internacional del Trabajo, y fue pionero a nivel latinoamericano al instaurar un sistema normativo integral en el año 1924. “Aquí se desarrolla un sistema de reparto que dura hasta 1980, en que se crean cajas de previsión que no establecían las mismas condiciones para todos los trabajadores siendo inequitativo y poco orgánico, con al menos 35 Cajas de Previsión, unos 150 regímenes previsionales, cuya normativa estaba distribuida en más de 600 cuerpos legales”.
En este sistema de reparto existía un fondo común en que los trabajadores entregaban un 20% de su sueldo, mientras que el Estado aportaba una importante proporción y administraba el fondo, involucrando un alto costo fiscal. “El problema que se genera en este sistema es el desbalance demográfico. El fondo común no es suficiente para financiar pensiones cuando disminuye la proporción de trabajadores activos y jubilados, lo que ocurre cuando descienden las tasas de natalidad y mortalidad, llevando a un envejecimiento acelerado de la población”, advirtió.
Es así como en 1981 se transita hacia un sistema de pensiones, basado en la capitalización individual con contribución obligatoria para los trabajadores dependientes, a excepción de FF.AA. y Carabineros. En este sistema, que sufrió una reforma en 2008, los trabajadores deben entregar mensualmente un 10% de su sueldo a una cuenta personal en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), fondos que luego son invertidos, acumulando activos.
Yarela Flores señaló que Chile tiene una de las menores tasas de reemplazo entre los países de la OCDE, donde la pensión alcanza a cubrir en promedio solo un 30% del valor del salario al jubilar, y por eso plantea la necesidad de reformar el sistema para alcanzar mejores pensiones.
Destacó el escaso aporte de los trabajadores, en comparación con los demás países de la OCDE, que en promedio contribuyen un 19%. Por eso, dentro de las medidas que propone están el aumento de las cotizaciones obligatorias a tasas de al menos un 18%, y también incentivar aún más el ahorro voluntario. En efecto, de acuerdo a la OCDE, para alcanzar pensiones altas se requiere cotizar alrededor de un 20% del sueldo por un período largo (40 años).
También propone seguir aumentando el pilar solidario a través del aporte del Estado (Pensión Garantizada Universal), y agregar un seguro a las lagunas de cotización, lo que podría ser a través del seguro de cesantía. También un seguro de longevidad autofinanciado y solidario, que cubra el 70% de la pensión a partir de los 85 años, por ejemplo.
La académica plantea que lo que puede aumentar las pensiones es la utilización de tablas de longevidad diferenciadas por ingreso y no por sexo, pues esto último aumenta las pensiones de las mujeres a costa de los hombres. Además, “si bien puede ser impopular, un aumento de los años de ahorro al final de la vida activa podría aumentar significativamente las pensiones, especialmente para las mujeres”.
Finalmente, señaló la importancia de mejorar la densidad de las cotizaciones por medio de una mejor fiscalización y cumplimiento de la ley, y la necesidad de “mejorar la comunicación y educación financiera, fundamental para que cada persona se preocupe de su ahorro voluntario”.