Posibles cambios al Proyecto de Ley de Reforma Educacional
Rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, asegura que la modificación del CAE es un tema muy sensible para los estudiantes de las universidades privadas.
Las últimas declaraciones de la ministra han planteado un nuevo escenario para la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley que reforma la Educación Superior. La nueva posición del gobierno es que se haría una indicación sustitutiva al proyecto presentado, lo que constituye modificaciones a diversos artículos de la ley en cuestión.
La ministra no ha definido el alcance de esas indicaciones, que pueden llegar significar un cambio prácticamente completo del proyecto o sólo en algunos artículos. De todas maneras, ella ha planteado temas relacionados a las funciones de la Subsecretaría de Educación Superior, a las amplísimas competencias de la Superintendencia, y la modificación del CAE.
Desde el punto de vista de las universidades privadas, esos tres temas revisten gran importancia, lo que se suma a la modalidad de acreditación que define el proyecto inicial. Por una parte, la subsecretaria tiene funciones muy amplias, llegando incluso a definir estándares de acreditación y cupos de matrícula; en la práctica, ese conjunto de tareas sería casi imposible de cumplir con eficacia y menos aún fiscalizar. Lo mismo es válido para la Superintendencia, un órgano del Estado que requiere ser independiente del gobierno, lo que no se da en el proyecto actual.
Este año, más de 174 mil alumnos de universidades privadas recibieron el beneficio CAE, por lo que cualquier modificación que disminuya su cobertura significará que muchos jóvenes no podrán proseguir sus estudios universitarios.
La modificación del CAE es un tema muy sensible para los estudiantes de las universidades privadas. Este año, más de 174 mil alumnos de universidades privadas recibieron este beneficio, por lo que cualquier modificación que disminuya su cobertura significará que muchos jóvenes no podrán proseguir sus estudios universitarios.
Por otra parte, usar la denominación crédito es considerado inaceptable por algunos dirigentes estudiantiles, los que prefieren transferencia directa de recursos a las instituciones o becas. Por supuesto es posible modificar los nombres, como ocurre con el Fondo Solidario al que solo pueden acceder los alumnos de las universidades del Cruch; éste se paga en cuotas y corresponde a un porcentaje del sueldo que no puede superar el 5% – en el caso del CAE es 10%, lo que demuestra que este mecanismo discrimina a favor de algunos estudiantes. En realidad, el cambio de denominación no modifica el fondo del instrumento, que tiene todas las características de un crédito universitario con un importante subsidio del Estado. Sin embargo, tanto el CAE como el Fondo Solidario requieren muchos menos recursos estatales que la gratuidad o las becas.
Hemos señalado que un buen diagnóstico realizado sobre la situación existente, es fundamental para diseñar políticas públicas que logren sus objetivos, entre lo cual, uno de los más importantes es un Proyecto de Ley que pretender transformar significativamente la educación superior chilena. En el caso del CAE, si ese principio de diagnóstico de buena calidad no está presente, se pueden cometer graves errores, con perjuicios para quienes se dice va a favorecer.
Hugo Lavados Montes
Rector
Universidad San Sebastián
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