Instituto de Tecnologías Limpias: un debate en serio

Se ha dicho que la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias a un consorcio que ha comprometido un aporte efectivo de US$ 100 millones, para conformar un fondo concursable total de US$ 300 millones, constituye “un desincentivo para el desarrollo científico y tecnológico del país”. Esta afirmación carece de fundamentos por cuanto todas las universidades chilenas podrán participar en las áreas de desarrollo e innovación. Tecnologías Limpia

Corfo convocó hace dos años a un concurso internacional para organizar en Chile un “Instituto de Tecnologías Limpias” y crear un ecosistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación productiva para enfrentar el desafío del cambio climático y relevar el rol de las energías renovables. En el concurso participaron varios consorcios, cada uno de los cuales se asoció a organizaciones sin fines de lucro, empresas tecnológicas extranjeras y nacionales y diversas universidades chilenas. Un jurado dirimió el concurso a la luz de parámetros conocidos previamente por todos quienes participaron en la licitación.

El proyecto fue adjudicado a “UAI”, organización internacional que nació al alero de 9 universidades de los EEUU, entre ellas Harvard, MIT, Columbia, Yale y Princeton, y que tuvo a su cargo la inversión de U$1.400 millones para construir y habilitar el exitoso proyecto “Atacama Large Millimeter Array”, (ALMA), en el norte de Chile para la observación astronómica de nuestros cielos. Se trata de un proyecto científico y tecnológico que hoy es un orgullo nacional, y que nos ha situado como un lugar privilegiado del planeta en la exploración del universo, y que lejos de haber significado un factor de atraso, o “una postergación científica para el país”, ha hecho que algunas universidades estatales y privadas, puedan desarrollar investigación y formación de capital humano avanzado en astrofísica.

Se ha dicho que la adjudicación de esta nueva iniciativa a un consorcio que ha comprometido un aporte efectivo de US$ 100 millones, para conformar un fondo concursable total de US$ 300 millones, constituye “un desincentivo para el desarrollo científico y tecnológico del país”. Esta afirmación carece de fundamentos por cuanto todas las universidades chilenas podrán participar en las áreas de desarrollo e innovación que tendrá el Instituto y quien lidera el proyecto tiene las credenciales de capacidad y cercanía con Chile para hacer un trabajo responsable y de calidad.

El país no puede seguir anclado a un modelo en que sólo unas pocas universidades controlan el acceso a los recursos públicos para el fomento de la ciencia y la tecnología, y son las únicas que tienen derecho a representar a Chile, en proyectos de envergadura.

El sistema universitario chileno ha sido exitoso desde todos los ángulos. Respondió eficazmente a la política de masificación en el acceso de millares de jóvenes como primera generación de sus familias a la educación superior. Ello no solo constituye la mayor palanca de movilidad social de las últimas décadas, sino que ha estado presente como motor del aumento en la productividad y factor de crecimiento económico de Chile en ese mismo período.

Las universidades chilenas desarrollan ciencia y tecnología a un alto nivel, pese a los bajos aportes públicos con respecto al PIB y es un orgullo que sus dos universidades de mayor prestigio y trayectoria lideren los rankings internacionales. Pero el país no puede seguir anclado a un modelo en que sólo unas pocas universidades controlan el acceso a los recursos públicos para el fomento de la ciencia y la tecnología, y son las únicas que tienen derecho a representar a Chile, en proyectos de envergadura. Su meritorio pasado no debiese ser argumento para asumir casi por derecho histórico, retos como el que representa la creación de este Instituto de Tecnologías Limpias, negándose a aceptar realidades y evidencias irrefutables de un cambio profundo y significativo ocurrido en las últimas décadas, en cuanto a la capacidad de emprendimiento, fuerza y talento, que se ha forjado en aulas y laboratorios distintos a los tradicionales, y que ha sido capaz de hacer contribuciones señeras para la humanidad, como el descubrimiento de la vacuna contra la hepatitis, o de la tecnología para identificar el contagio del Sida. Esas Universidades privadas muestran también su vocación pública y espíritu de servicio, con decenas de científicos chilenos que son capaces de hacer una contribución admirable desde sus laboratorios al combate de la pandemia, procesando muestras del examen PCR, en diferentes regiones, e integrando la Red Pública de Salud, en la que miles de sus egresados cumplen, abnegadamente, su misión.

En el Chile que emerge desde la pandemia hay mayor consciencia de que la ciencia y la tecnología juegan un rol clave como fuente de protección para la humanidad frente a calamidades de esta naturaleza. Y lo mismo puede decirse de la protección del medio ambiente como objetivo que corre paralelo al crecimiento económico. La creación de un instituto de energías limpias convocará a todas las universidades chilenas, sin distinción de ninguna índole. Es hora de dar vuelta la página y superar una polémica estéril frente a los grandes desafíos del presente y futuro de Chile.

Carlos Williamson Benaprés
Rector
Universidad San Sebastián

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