Equidad sin exclusión

Sergio Castro Alfaro

Vicerrector Sede Concepción

Universidad San Sebastián

De acuerdo al Servicio de Información de Educación Superior del Mineduc, la matrícula de pregrado en universidades, institutos y centros de formación técnica alcanzó a 1.144.605 estudiantes en 2014. De ese total, un 30% ingresó a una universidad privada no perteneciente al Consejo de Rectores.

La evidencia es contundente: hoy las instituciones privadas surgidas en la década de los 80 se han consolidado como una importante opción que los jóvenes y sus familias han validado a través de años de preferencia, y en muchas ocasiones como primera elección. Por supuesto que en este grupo hay diferencias en cuanto a tamaño, nivel de acreditación, complejidad y modelo administrativo. Similar heterogeneidad podemos observar al interior del Cruch.

Así el verdadero panorama de la educación superior en Chile, es lógico que causara tanta incomprensión el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de otorgar gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables, pero sólo de centros de formación técnica, institutos profesionales y de universidades del Consejo, dejando fuera a quienes eligieron libremente otras opciones de educación superior.

Hoy se estima que unos 153 mil estudiantes de universidades privadas acreditadas están en el 60% más vulnerable. En el caso de la USS Concepción, un 62% de nuestros alumnos pertenece a los tres quintiles de menores recursos económicos.

Otro antecedente no menor: independiente de la naturaleza jurídica de su universidad, los estudiantes no presentan grandes diferencias en cuanto a su perfil socioeconómico, habilidades cognitivas de ingreso, capacidades y aspiraciones. Por ende, nuestros alumnos no se merecen que el Estado los discrimine de aquella forma, al negarles una ayuda sólo por pertenecer a una determinada institución.

Y un nuevo dato revelador respecto al anuncio del Gobierno es que si consideramos parámetros objetivos y transversales de calidad, como los niveles de acreditación institucional y de carreras, varias universidades privadas no afiliadas al Cruch están en una mejor situación que otras que sí pertenecen al Consejo. Por lo tanto, tampoco se puede justificar esta medida como una fórmula para privilegiar a planteles que ofrecen una educación de mayor calidad.

Que se pretenda trazar una línea divisoria entre los chilenos que estudian en universidades afiliadas o no al Cruch nos parece altamente discriminatorio y anacrónico, pues se aleja de la realidad del sistema de educación superior en nuestro país.

Compartimos que es necesario hacer cambios en educación. Sin embargo, nos oponemos a que nuestros estudiantes y los de otras instituciones similares, que con grandes esfuerzos propios y de sus familias han llegado a una universidad, sean excluidos por una reforma cuya bandera –paradójicamente– ha sido promover la equidad.