La educación inicial está en riesgo: entre la ilusión y la realidad
La Constitución consagra la obligatoriedad del Estado de promover la Educación Parvularia. De esta forma, se financia un sistema de carácter gratuito desde el nivel medio menor para niños y niñas de entre 2 y 3 años. No obstante, se constata la ausencia de incentivos reales para la educación inicial.
La Ley General de Educación reconoce el valor que tiene la educación inicial en términos del desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos. Eso es coherente con el principio de equidad que pretende asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad.
La literatura nos ofrece diversos estudios en que se reconocen los efectos positivos que tiene la educación inicial para el desarrollo de las niñas y niños, especialmente en hogares vulnerables. Establece un criterio de equidad en términos del desarrollo integral permitiendo que el nivel socioeconómico no se constituya en un factor determinante para el éxito o fracaso futuro.
No obstante, la realidad nos indica que la educación en la primera infancia está en jaque. Un nuevo estudio de Elige Educar publicado hace unos días concluye que tenemos actualmente un déficit de un 7% de educadoras de párvulos, porcentaje que aumentará a un crítico 22% (6.700) el año 2025 y a un 36% (10.500) el año 2030.
Incentivos a la educación inicial
Una segunda arista del problema es la asistencia a la educación parvularia y así lo demuestran los datos de la encuesta Casen 2017. Si tomamos el tramo entre 0 y 5 años -en 2017- asiste un 51,2%. Al mirarlo por percentil, vemos que en el tramo más vulnerable asiste un 46, 4% y en el más rico un 57,9%.
La misma encuesta Casen indica que un 72,8% de las personas no envía a sus hijos al “jardín” porque no es necesario, dado que lo “cuidan en la casa”. Por lo tanto, se percibe a la educación en la primera infancia como un espacio de cuidado y no educativo.
El país necesita más y mejores profesores/as en todos los niveles formativos. La política pública no puede centrar todo en el fomento de las vocaciones, tiene ser capaz de proponer incentivos reales a una carrera que es relevante para el desarrollo del país.
De cara a la próxima discusión constitucional que probablemente abordará la consagración o no de un estado social de derecho, la invitación es a realizar un análisis prospectivo y con una mirada país para diseñar políticas públicas que fomenten efectivamente el ingreso de jóvenes a las carreras pedagogía en cualquiera de sus niveles.
Ana Luz Durán
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad San Sebastián
Vea la columna en Voces de La Tercera