Experto explica que podría tener un efecto regresivo, afectando en mayor medida a los trabajadores (con contrato) de menores ingresos.
El debate sobre el aumento del 5% de las cotizaciones previsionales ha sumado una serie de propuestas sobre qué organismo debe administrar estos recursos provenientes del aporte del empleador. Sin embargo, pocos han proyectado el impacto que esta medida tendrá en el empleo.
A propósito de esta discusión, el académico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, Javier Irarrázaval, señala hasta ahora que el debate se ha basado principalmente en dos dimensiones: si la administración del 5% de las cotizaciones previsionales sería más eficiente por un organismo público o las AFPs; y si la distribución de un 3% privado y un 2% solidario es razonable.
“Sin perjuicio de la relevancia de ambas dimensiones, es necesario resucitar una tercera: el impacto de la medida en el mercado laboral”, apunta.
La propuesta del 5% extra de cotizaciones previsionales es un impuesto al trabajo con cargo al empleador. “Como en cualquier mercado -explica Irarrázaval-, un impuesto a la demanda desplaza la curva de demanda hacia abajo. Así, si se aplica esta medida al sistema previsional chileno, se debiera esperar una disminución de la cantidad demandada de trabajo, lo que equivale a un mayor desempleo que, a su vez, conlleva una mayor informalidad en el mercado del trabajo, en razón que empleador y empleado podrían prescindir de un contrato laboral con tal de ahorrarse ese impuesto, y una potencial disminución de los salarios reales”.
Es difícil estimar qué tan fuerte sería la caída en la demanda de empleos como consecuencia de la aplicación de esta medida previsional. Esta caída sería especialmente pronunciada en aquellos submercados del trabajo que contemplan empleos de menor calificación y en los cuales es más fácil sustituir trabajo por capital.
“En otras palabras ―subraya el especialista― el 5% extra de cotizaciones podría tener un efecto regresivo, afectando en mayor medida a los trabajadores (con contrato) de menores ingresos, en al menos tres áreas: aumento del desempleo, precarización del empleo y menores sueldos reales”.