Delincuencia, instituciones y sociedad

Decano de Derecho, Xavier Armendariz, analiza el actual escenario en materia de delincuencia.

Nuevamente estos días hemos sido testigos de expresiones y manifestaciones de descontento ciudadano frente a la delincuencia. Se cree percibir una conducta insuficiente del Gobierno y del sistema de enjuiciamiento penal. Se dice que las policías no encuentran eco punitivo con su actuar frente a los fiscales y que los jueces serían complacientes con los infractores. Incluso se señala a la Reforma Procesal Penal como causante del aumento de los delitos.

Tratando de objetivar el tema con datos disponibles a mano –al observar la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2014 (ENUSC), estadísticas de Gendarmería y registros de condena– se concluye que, desde la entrada en vigencia de dicha reforma, los números de presos y de condenas han aumentado substancialmente y la victimización ha ido decayendo.

El delito, ante todo, es un fenómeno social y no es posible parcializarlo y menos reducirlo solo al sistema de enjuiciamiento criminal.

Por otra parte, precisos estudios de la Excma. Corte Suprema demuestran que la inmensa mayoría de las solicitudes de prisión preventiva requeridas por los fiscales se conceden. Es decir, lo contrario a una supuesta benevolencia del sistema ante los infractores.

Sin embargo, aun cuando parece irrebatible que el sistema de enjuiciamiento criminal tiene su rol dentro de la seguridad ciudadana –en especial al afrontar la delincuencia habitual– se debe considerar, de una buena vez, que el delito, ante todo, es un fenómeno social y no es posible parcializarlo y menos reducirlo solo al sistema de enjuiciamiento criminal. Esto se viene escribiendo hace siglos. La función de dicho sistema es dirimir el conflicto penal, no ser una herramienta de control social.

El actual sistema de enjuiciamiento, digámoslo una vez más y a diferencia del inquisitivo anterior, permite entregar un debido proceso, garantía fundamental de todo ser humano. Este solo argumento justifica su implantación, pero además ha demostrado que obtiene más condenas y mayor encarcelamiento. Sabemos que contamos con una de las mayores tasas de presos del mundo, ¿cuántas personas más privadas de libertad se estiman necesarias para que “vuelva la tranquilidad”? ¿De verdad se piensa que encerrando personas llegaremos a una mejor convivencia social?

Recientemente conocimos un estudio que apunta a que un porcentaje muy sustancial de delincuentes habituales inicia su actividad delictiva a los trece años. Es decir, con esta gente perdemos el partido antes de jugarlo.

Otra vez nos surge la necesidad de abordar un problema social como tal, es decir, como un fenómeno multicausal que para afrontarlo con éxito requiere políticas de Estado y acciones ciudadanas de amplio espectro. Incluyendo, por cierto, oportunidades de vida digna, y en último término, el respeto de todos al Estado de Derecho. Poco se obtiene con apuntar con el dedo a tal o cual institución, la cárcel genera más cárcel. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocerlo y actuar en consonancia?

Nada de lo anterior impide reconocer que existe un amplio bolsón de impunidad respecto de delitos contra la propiedad, robos y asaltos, y que hay una sensación de desprotección importante. Esto debe ser abordado en forma mancomunada por las policías y el Ministerio Público, cuya relación de trabajo afiatado sigue estando al debe. Ya se ha escrito que solo a través de metas comunes, acordadas de consuno, se puede abrir el camino a una acción más fructífera.

Xavier Armendariz
Decano de la Facultad de Derecho
Universidad San Sebastián

Vea la columna en La Tercera.