Cuando el hospital se convierte en un lugar de riesgo

El Hospital San Juan de Dios de Santiago vivió un amago de incendio, que tiene a dos trabajadores internados en una UCI. En marzo, tres personas murieron debido a emanaciones de una fosa en una clínica privada de Santiago. Y en Corea del Sur hay un brote epidémico por el virus MERS que no se originó en el atestado Metro de Seúl ni en algún centro comercial: fue en un par de hospitales. Estos recintos de salud, por sus características, se convierten a veces en lugares de mayor riesgo para contagios o accidentes de todo tipo. Por lo mismo, necesitan medidas de seguridad y una actitud de prevención especiales. Reproducimos una columna de opinión escrita por el director de IPSUSS en marzo, que hoy cobra actualidad.

Se debe insistir que los hospitales son lugares de elevado riesgo. Convergen en una superficie pequeña gases tóxicos, oxígeno en alta concentración, deshechos biológicos, ocasionalmente fuentes radioactivas, agentes infecciosos, fuentes y equipos de alta carga eléctrica, bodegas llenas de material inflamable. Esto, junto a pacientes que no pueden ser evacuados con facilidad o que están en situación de completa indefensión bajo anestesia general, conectados a un respirador o sin posibilidad de movilizarse sin ayuda.

Independientemente de si estos riesgos son inherentes al giro propio del hospital o de su entorno, la seguridad de los hospitales debe ser una obsesión que movilice: protocolos de evacuación revisados y al día, chequeo sistemático de las instalaciones, sistemas de defensa por incendios, estructura que resista terremotos de 9,5°, fuentes de agua y energía autónomas.

La política de seguridad no puede estar entregada a la autoregulación de los centros. Por ello, en Chile se incluyen al menos dos requisitos: los centros de Salud deben contar con una Autorización Sanitaria (AS) para empezar a funcionar. Uno de los elementos más relevantes de este certificado es la seguridad de las instalaciones. Desafortunadamente, la AS se entrega por una vez y solo se requiere renovarla en caso de modificaciones a la estructura original. Sin embargo, casi la mitad de los Centros de Salud del país funciona a pesar de no contar con este permiso.

El segundo es la Acreditación de Calidad de la Superintendencia de Salud, que exige que todos los centros que den tratamiento para patologías AUGE estén certificados y luego recertificados cada tres años. Paradojicamente, el primer requisito para optar a esta acreditación es tener la Autorización Sanitaria. El Decreto AUGE de 2013 señalaba que a partir de julio del año 2014 solo podrán entregar atenciones AUGE de alta complejidad (o alto riesgo) en aquellas instituciones públicas o privadas que contaran con la Certificación de Calidad; y que a contar del 1° de julio del 2016, este requisito sería exigible para quienes den atención para todas, las 80; patologías AUGE. Ello suma entonces a todos los centros de Atención Primaria.

La Acreditación de Calidad apunta en su “Ámbito 8” a la seguridad y vulnerabilidad de las instalaciones, al mantenimiento preventivo y a los planes de evacuación. La exigencia del Decreto del 2013 ha sido postergada en 18 meses. Mala señal, que repercute en riesgo para los pacientes, trabajadores y público de los hospitales y clínicas.

Quizás, subsidiariamente, cada recinto debería generar con urgencia una matriz de riesgos críticos y abordar los riesgos latentes, antes de que haya más muertos. En cualquier caso, la responsabilidad primaria es del Estado, y de la Intendencia de Prestadores en particular, que debería dedicar mucho más de sus significativos recursos a los más débiles y en mayor riesgo, en lugar de los más privilegiados de nuestra sociedad, que cuentan con una muy floreciente industria de abogados a su disposición.