Crimen organizado en Chile aumentó más de un 30% en dos años
En 2024 se registraron 20.825 hechos más asociados al crimen organizado que en 2022. Por comunas, las más impactadas fueron Santiago con 3.360 delitos, Arica (2.656) y Valparaíso (2.392). Al medir por tasa ponderada de delitos por cada 100 mil habitantes, lideró Colchane con 2.753 casos.
Con la presencia del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, la Universidad San Sebastián presentó los resultados de la segunda edición del Indicador Nacional de Crimen Organizado 2022–2024, desarrollado por el Centro de Estudios en Crimen Organizado (CESCRO) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
El indicador reveló que en 2024 se ingresaron al Ministerio Público 86.323 hechos delictivos relacionados con crimen organizado, un 21,6% más que en 2023. Al comparar con 2022, el incremento asciende a 31,8%, lo que equivale a 20.825 más en solo dos años.
Corrupción lidera el alza, pero drogas y armas son los delitos más frecuentes
Para identificar con mayor precisión el fenómeno del crimen organizado, el Indicador Nacional considera 74 ilícitos, los cuales se ponderaron y agruparon en ocho dimensiones, definidas tanto por la legislación nacional como por estándares internacionales.
Bajo este criterio, en 2024 la corrupción fue la dimensión con el mayor incremento de casos ingresados, con un alza de 690% respecto de 2023. Le siguieron la ciberdelincuencia (+92,5%) y los delitos asociados a armas (+79,7%). Por el contrario, la categoría de delitos ligados a drogas fue la única que disminuyó (-2,6%).
No obstante, al igual que en años anteriores, las drogas y las armas siguen siendo las categorías más prevalentes. La tasa nacional alcanzó 245,04 incidentes por cada 100 mil habitantes en drogas y los 152,99 en el caso de las armas.
Concentración en el norte y alzas en el sur
Según frecuencia ponderada de delitos asociados al crimen organizado, la región más afectada por promedio comunal en 2024 fue Arica y Parinacota (99 puntos), seguida por la Metropolitana (84) y Tarapacá (69). En el otro extremo, las regiones menos impactadas fueron Magallanes (11), Aysén (11) y Ñuble (20).
Entre 2023 y 2024, las mayores alzas se produjeron en Los Ríos (+61,8%), Ñuble (+35,8%) y Arica y Parinacota (+27,2%). A diferencia de esto, las principales bajas se observaron en Aysén (-8,5%), Atacama (-7,1%) y Tarapacá (-3%).
Considerando que no todas las regiones son equivalentes en población, el indicador utiliza la tasa ponderada, un puntaje comparativo que permite ordenar y comparar regiones más allá del número bruto de registros. Bajo este criterio, se aprecia una alta concentración del crimen organizado en la zona norte. Lideran el listado Tarapacá (552 casos por cada 100 mil habitantes), Arica y Parinacota (256) y Antofagasta (148). Las tasas más bajas se dieron en Los Lagos (51), O’Higgins (52) y Aysén (58).
En cuanto a la variación 2023-2024, los mayores incrementos se evidenciaron en Los Ríos (+88,5%), Ñuble (+49,1%) y Tarapacá (+48,1%). En tanto, las disminuciones más significativas correspondieron a Arica y Parinacota (-12,9%), Magallanes (-15,3%) y Atacama (-17,7%).
Al igual que con la frecuencia ponderada, esta expresión del indicador destaca que, si bien el problema está más presente en la macrozona norte del país, las mayores alzas se han registrado en comunas de la zona sur del país, especialmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Comunas del norte concentran las tasas más altas de crimen organizado
El indicador revela fuertes diferencias en la distribución del crimen organizado en Chile durante 2024. Santiago (Región Metropolitana) tuvo el mayor número de hechos delictivos, con 3.360 casos, y la mayor frecuencia ponderada (484). Le siguieron Arica (2.656 casos) y Valparaíso (2.392 casos).
Al ponderar por población, el panorama cambia. Colchane (Tarapacá) lidera con una tasa ponderada de 2.753 delitos por cada 100 mil habitantes, seguida por Ollagüe (Antofagasta, 639) y Huara (Tarapacá, 489).
Tomando en cuenta el número absoluto de casos, entre las diez comunas más afectadas por el crimen organizado en 2024, la macrozona centro concentra el 50%, seguida por la norte (30%) y la sur (20%). En este grupo predominan los ilícitos vinculados a drogas y armas. Sin embargo, al ponderar por población, la macrozona norte concentra el 60% más impactado, con mayor presencia de contrabando y drogas, mientras centro y sur alcanzan un 20% cada una.
“Si bien la macrozona norte concentra los niveles más altos de crimen organizado, es en la macrozona sur donde se observan las variaciones más significativas, tanto al alza como a la baja. Este desplazamiento de delitos podría responder a políticas focalizadas, a la concentración de recursos en territorios críticos o a la priorización de ciertos operativos. Todo ello podría generar un ‘efecto globo’, trasladándolos hacia zonas más apartadas. Frente a este escenario, se vuelve clave profundizar el análisis para diseñar respuestas más equilibradas y sostenidas”, explica Luis Toledo, director de CESCRO.
El sur concentra los niveles más bajos de crimen organizado
En el extremo opuesto, el sur del país registró la menor incidencia de crimen organizado. O’Higgins (Aysén) y Río Verde (Magallanes) no reportaron casos en 2024. Entre las que sí tuvieron casos, destacan Lago Verde y Tortel (Aysén) y Torres del Paine (Magallanes), con solo un delito cada una y una frecuencia ponderada de 0,13.
La macrozona sur concentra el 90% de las 10 comunas menos afectadas, principalmente, en Los Lagos, Aysén y Magallanes. En este grupo, la dimensión más presente fue el contrabando, lo que contrasta con el promedio nacional, donde predominan hechos asociados a drogas.
Si se mide por población, la tasa más baja fue la de Curaco de Vélez (Los Lagos, 4,7 delitos ponderados por cada 100 mil habitantes), seguida por Puqueldón (5,1) y Torres del Paine (10,8).
“El Indicador muestra que el crimen organizado no se distribuye de manera homogénea, sino que responde a dinámicas territoriales específicas. Factores como la proximidad a fronteras terrestres, la presencia de población flotante o ciertas variables socioeconómicas ayudan a explicar concentraciones en localidades como Santiago, Colchane, Iquique o Antofagasta. Avanzar en la comprensión de estas relaciones permitirá que los tomadores de decisiones desarrollen políticas públicas más adaptadas a las realidades locales”, señaló Pía Greene, investigadora de CESCRO.
La importancia de la evidencia para combatir el crimen organizado
La presentación, a cargo de la investigadora de CESCRO Camila Astraín, se realizó en el campus Bellavista de la Universidad San Sebastián. La instancia incluyó también la exposición del subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, y un panel de conversación integrado por Ignacio Castillo, director de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, y Pilar Lizana, especialista en seguridad pública, con la moderación de Pía Greene, investigadora de CESCRO.
Con respecto al indicador, el subsecretario enfatizó la relevancia de la evidencia en materia de seguridad. “Sin buenos indicadores, las políticas de seguridad corren riesgos de ser poco efectivas, al estar focalizadas sin rendición de cuentas. Es el trabajo conjunto de los distintos actores del Estado, la academia y la sociedad civil lo que nos permite avanzar en el desarrollo de instrumentos que posibiliten el despliegue de políticas más eficaces en el combate del crimen organizado, con el propósito que nos mueve a todos: mejorar la seguridad y el bienestar de nuestro país”, señaló.
En esa misma línea, Pilar Lizana subrayó que este tipo de estudios enriquecen la información disponible y promueven la cooperación institucional. “Al final del día, estudios como este o los que presenta la Fiscalía lo que hacen es ampliar la información mutua, la que aún falta. Nuestro trabajo es seguir construyendo esa confianza para acercarnos a un cambio cultural e institucional que permita al Estado enfrentar este problema de manera coordinada e íntegra, donde todos hablemos el mismo idioma y logremos resultados sostenibles en el tiempo, no solo éxitos momentáneos”.
Durante el conversatorio, además, se abordó la necesidad de avanzar en aspectos como la articulación de funciones y capacidades. En palabras de Ignacio Castillo: “Hoy día pareciera ser que todo lo que tiene que ver con inteligencia está para un lado y lo que tiene que ver con persecución penal está para el otro. Hay ciertos ámbitos donde seguramente es necesario que estén separados, pero en el contexto de una labor de inteligencia, como conocimiento respecto de antecedentes vinculados a persecución penal, tenemos que usarlo, debemos hacerlo. Guardando las garantías, guardando los debidos procesos, pero tenemos que usarlo. Y yo creo que en eso todavía tenemos que avanzar”.
Revisa los detalles del Indicador Nacional de Crimen Organizado 2022-2024.