
La reciente edición de la Encuesta Chile Nos Habla revela una fuerte crítica al manejo de los recursos estatales. Según el sondeo, realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2026, un 77% estima que el gasto público no responde a las necesidades de las personas, mientras que un 18,8% opina lo contrario, el resto no sabe o no responde.
Solo un 15,7% considera que los recursos se utilizan de forma eficiente, frente al 79,5% que lo descarta. En esta línea, destaca que un 83,9% dice estar de acuerdo en que la burocracia impide que los fondos lleguen con rapidez a la ciudadanía. Además, un 74,4% cree necesario reducir el gasto público para generar ahorro y estabilidad; un 65% está a favor de reasignar recursos hacia programas sociales y el 61% respalda aumentar las transferencias directas a las personas.
Un 63,1% de los encuestados califica la situación económica del país como mala o muy mala, mientras que un 21,9% la evalúa como buena o muy buena. A nivel personal, un 42,1% declara que su condición económica es mala o muy mala, frente a un 24,7% que la evalúa como favorable. Un 33% adopta una posición intermedia, describiéndola como ni buena ni mala.
La inflación es un factor central en este diagnóstico: un 58,7% señala que el alza sostenida de precios ha afectado de manera significativa su bienestar económico, un 30,5% advierte algún impacto menor y un 9,6% asegura no haberse visto afectado. El empleo también se ubica entre las principales preocupaciones: dos tercios (68,6%) declararon que las oportunidades laborales han empeorado en los últimos dos años, frente a un 20% que las ve estables y apenas un 9,1% nota mejoras.
Respecto de las expectativas, un 71% proyecta que en un año la economía del país se mantendrá igual o mejor, mientras que un 13,7% anticipa un escenario más adverso.
En línea con las percepciones sobre el gasto fiscal, la encuesta también indagó en la valoración ciudadana de la Ley de Presupuestos. Para la gran mayoría, se trata de una herramienta altamente relevante: un 91,4% la califica como importante o muy importante. En contraste, un 6,1% le asigna poca importancia y un 2,5% la considera irrelevante.
Consultados sobre su rol, un 45,1% señaló que su principal valor está en fijar las prioridades de gasto cada año, mientras que un 35,7% la asocia con el control del buen uso de los recursos. Este último porcentaje subió considerablemente con respecto a la medición anterior (+10 pp). En contraste, para el 14,5%, esta ley pierde relevancia porque los fondos terminan malgastándose.
Al evaluar las demandas más relevantes, la encuesta muestra que los objetivos estratégicos del Presupuesto 2026 deben centrarse en dos ejes principales: la reactivación de la economía a través del empleo y los salarios (47,1%) junto con el enfrentamiento de la crisis de seguridad (35,0%).
En la asignación de recursos, las prioridades son claras: salud (81,1%) y seguridad (80,8%) lideran las menciones. Sigue educación (62,6%), pero con una importante caída de 12,5 puntos porcentuales en relación con la medición de 2024.
El desglose por áreas confirma esta orientación: en seguridad, la mayor demanda es fortalecer la inteligencia contra el crimen organizado y el narcotráfico (60,8%); en salud, el foco está en la resolución de las listas de espera (49,7%); y en educación, la prioridad se desplazó desde la educación superior en ediciones anteriores hacia la enseñanza primaria (35,2%).
La encuesta también evaluó el estado de las finanzas públicas. Un 63,9% considera que Chile se encuentra en déficit fiscal, es decir, que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. En contraste, un 8,3% opina que existe equilibrio, un 4,7% habla de superávit y un 23,1% admite no saber.
En paralelo, se observa un amplio acuerdo sobre la relevancia de la salud de las cuentas públicas: “Hay plena conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la salud de las cuentas fiscales. Cuando un 93,3% de los encuestados asocia la estabilidad fiscal con inversión y empleo, y un 90,2% la vincula con la posibilidad de cumplir obligaciones de largo plazo, como las pensiones, lo que vemos es una visión compartida respecto de la necesidad de un manejo responsable de los recursos de los contribuyentes. No se trata solo de un debate técnico, sino de una demanda ciudadana concreta por estabilidad y seguridad económica para el mediano plazo”, comenta Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS.
En cuanto a las fuentes para financiar nuevas prestaciones del Estado, un 56,3% de los consultados opta por generar ingresos a través del crecimiento económico, la inversión y el empleo. Otro 34,6% prefiere el ahorro y la reasignación de gastos mal ejecutados; un 7,4% subiría impuestos y solo un 0,3% se inclina por mayor endeudamiento.
Finalmente, en un escenario de déficit, los ciudadanos priorizarían revisar áreas como Mujer (38%), Deporte y Cultura (38%), Defensa (32,9%), Medioambiente (24,1%) y Obras Públicas (23,9%) para redestinar recursos a otras áreas. En cuanto a la reasignación, la preferencia es clara: los fondos deberían dirigirse a seguridad (65,3%), salud (64,8%), educación (37,9%), empleo y Pymes (37,1%) y pensiones (24,4%).
Revisa la encuesta completa.