Chile aún tiene capacidad de endeudamiento para enfrentar demandas sociales
El estallido social ha impulsado a la sociedad a revisar la desigualdad económica y plantearse una economía más justa y con mayor participación del Estado en la redistribución del ingreso y solución de las necesidades de los ciudadanos. Ante esta nueva realidad cabe preguntarse si la deuda pública es una opción inmediata para enfrentar el actual escenario.
La protesta de los ciudadanos ha llevado a replantearse la necesidad de enfrentar de manera radical algunos aspectos de nuestra economía que violentan la convivencia social, la sustentabilidad futura del sistema y el bienestar de la población. Algunos de estos aspectos dicen relación con la redistribución del ingreso disminuyendo las desigualdades para lograr un país más equitativo.
Un segundo aspecto se refiere a frenar los abusos en términos económicos y un tercero es la participación directa del Estado en la solución de las necesidades económicas y sociales de los ciudadanos, sin olvidar la participación política de éstos en las decisiones.
La reducción de la desigualdad y la búsqueda de la equidad son aspectos fundamentales que deben llevar al Estado a revisar su carga tributaria, enfocándose especialmente en las empresas de mayor tamaño y las grandes fortunas, todo ello con mecanismos y políticas sociales eficientes que no limiten la generación de riqueza y el crecimiento del país.
Frenar los abusos requiere, por una parte, tener legislaciones que protejan adecuadamente a los consumidores, castigando los actos reñidos con la libre competencia en los distintos sectores económicos y procurando, con políticas de Estado, fomentar cada vez más los espacios de competencia entre empresas u organizaciones privadas en beneficio del bienestar de los ciudadanos.
La deuda pública, al igual que cualquier deuda, se genera cuando el Estado solicita préstamos al sector externo (entidades financieras u otras) o bien con entidades internas (financieras, AFP u otros) para financiar su operación o políticas de desarrollo.
Finalmente, la participación directa e inmediata del Estado en dar respuesta a las demandas económicas y sociales de la ciudadanía como son mejores pensiones, salud, educación, seguridad, salarios y otros, requiere cambios sustantivos y cuantitativos en las políticas hasta ahora implementadas. Además, se debe revisar y perfeccionar las institucionalidades imperantes que permitan tener una visión y estabilidad de largo plazo.
Si bien estos cambios estructurales, que generan un mayor gasto permanente del Estado en políticas sociales que se implementarán hoy y quedarán para siempre deben ser financiados con impuestos y recaudación permanente, en este momento se necesitan soluciones más inmediatas para su implementación. Una posibilidad es el Endeudamiento Público, un tema que ha estado en todas las discusiones actuales.
Interna y externa
En este contexto, debemos entender qué es la deuda pública, cómo se compone, por qué se genera y cuál es su dimensión actual, además de conocer la estadística comparativa con otros países.
La deuda pública, al igual que cualquier deuda, se genera cuando el Estado solicita préstamos al sector externo (entidades financieras u otras) o bien con entidades internas (financieras, AFP u otros) para financiar su operación o políticas de desarrollo. Esta deuda se puede contraer porque los ingresos fiscales no alcanzan para solventar todas las actividades del Estado o bien porque de interés imperantes hacen recomendable el endeudamiento. Esto es similar a lo que ocurre cuando las tasas de interés de los créditos hipotecarios hacen interesante refinanciar deudas o bien adquirirlas.
En Chile la deuda pública alcanzó en 2018 los US$ 70.247 millones, lo que representó en dicho momento un 25,6 % del PIB de acuerdo con información de la Dirección de Presupuestos. En 2019 dicha deuda a junio representaba un 27,6 %. La composición de la deuda en 2018 era un 20,7 % con el sector externo y un 79,3 % deuda interna, es decir, con agentes locales.
Si lo comparamos con países de OCDE, Chile es el tercer país con menor nivel de endeudamiento respecto del PIB.
Realidad comparada
A la luz de estas cifras, cabe preguntarse si existe la posibilidad de que el Estado se endeude para financiar las urgencias sociales que presenta el país. Para ello es interesante revisar cuál es el nivel dela deuda pública en países latinoamericanos y en aquellos desarrollados pertenecientes a la OCDE.
Al respecto, sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional de 2018, en Colombia la deuda pública bruta representaba el 52,16 % del PIB. En Argentina el porcentaje llegaba al 86,06 %; en México, al 53,02 %, y en Perú, al 26,15 %. A la luz de estas cifras, se puede observar que Chile está en los rangos de endeudamiento más bajos de Latinoamérica.
Por su parte, si lo comparamos con países de OCDE, Chile es el tercer país con menor nivel de endeudamiento respecto del PIB, con valores muy por debajo de países como Dinamarca, 48%; Australia, 66%; Alemania, 70%; España, 115%, y Estados Unidos con 136%, Frente a esta realidad, parece ser que Chile tiene todavía espacio para hacer frente a las necesidades sociales de manera inmediata a través del endeudamiento público.
No obstante, esto no puede ser una forma constante de financiamiento, ya que se requiere la generación de ingresos fiscales permanentes para que sea sustentable el mayor gasto y se pueda mantener a futuro la regla de balance estructural en el largo plazo que es tener déficit fiscal de máximo 1% del Producto Interno Bruto Potencial del país. Eso asegura la responsabilidad fiscal y la estabilidad para la inversión y el crecimiento económico. Como sociedad tenemos espacio para mejorar las condiciones de vida de todas las personas de nuestro país y la actual realidad hace imperioso el que abordemos este tema de manera urgente, pero a la vez responsable.
Gonzalo Sanhueza Palma
Académico Facultad de Economía y Negocios
Universidad San Sebastián
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