Columna de Rector Carlos Williamson: El costo del atraso
En Chile tenemos una deserción en primer año del orden de un 30%, parecida a países de la OCDE. En alguna medida, no por fracaso académico, sino por asuntos vocacionales.
La Ley 21.091 fijó la gratuidad por un tiempo límite; por lo tanto, quien se beneficia de este derecho tiene un plazo para ejercerlo, lo que parece indiscutible. No puede ser eterno. Pero la ley fijó un plazo acotado, la duración oficial, y el rector Carlos Peña, en su columna “El costo del atraso”, se pregunta quién debe pagar si demoran más.
No necesariamente los estudiantes. Tiene razón. No parece haber dos opiniones: para una vasta mayoría, no hay negligencia. Lo habitual es que los estudiantes gasten más tiempo que la duración oficial por múltiples y fundadas razones. Agrego una muy importante. En Chile tenemos una deserción en primer año del orden de un 30%, parecida a países de la OCDE. En alguna medida, no por fracaso académico, sino por asuntos vocacionales.
La mitad de ellos, que son miles, reingresa y luego se titula, en buena hora. Pero tardan más tiempo, porque la desorientación inicial es razonable en un sistema monocarrera que ofrece un angosto camino de entrada a la educación superior y luego castiga con severidad el supuesto “error” de no elegir bien al comienzo.
En consecuencia, la ley se puso en un extremo que merece reevaluarse. Tiene lógica reconocer que alguna flexibilidad es necesaria, distinguiendo tal vez la procedencia y características de los alumnos, y por sobre ellas, que paguen el arancel regulado. En eso, la ley tiene otro problema. Al perder el alumno la gratuidad, recibe el 50% del arancel regulado y obliga a la institución a “pagar” parte del costo de la sobreduración. Pareciera que el propósito es incentivar a que se preocupen de apurar el egreso.
Comparto la idea de acortar las carreras y hacer más eficiente la progresión curricular, pero puede no ser buena técnica usar como criterio este garrote económico. El desincentivo podría ser perverso y motivar cambios académicos en los currículos que afecten negativamente su calidad y contenido para evitar este “impuesto” a la demora.
Carlos Williamson
Rector
Universidad San Sebastián
Vea la columna en Diario El Mercurio