Académicos USS analizan el panorama de la vivienda y arriendo en Chile
Análisis de la Universidad San Sebastián en base a la Casen 2024 revela un estancamiento en la formalización y alerta por alta vulnerabilidad en regiones y hogares pobres.
La informalidad en el mercado del arriendo se consolida como una de las principales alertas habitacionales del país. Según datos de la Encuesta Casen 2024, el 28,2% de los arriendos en zonas urbanas se realiza sin contrato, cifra que no muestra mejoras respecto de la medición anterior.
Esto implica que casi 3 de cada 10 hogares urbanos que arriendan no cuentan con respaldo jurídico, situación que expone a miles de familias a mayor inseguridad residencial, dificultades ante conflictos y limitaciones para acceder a beneficios estatales.
Informalidad golpea con más fuerza a hogares más vulnerables
De acuerdo con el análisis del Centro de Políticas Públicas y de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián (USS), la realidad es aún más crítica en los sectores vulnerables:
- Solo el 53,8% de los hogares en pobreza que arriendan tiene contrato.
- En extrema pobreza, la formalidad baja al 50,1%.
En la práctica, uno de cada dos hogares pobres que arrienda lo hace en condiciones informales, consolidando un círculo de precariedad que trasciende el ingreso monetario.
Fuertes brechas regionales
El fenómeno presenta importantes diferencias territoriales. Aunque la Región Metropolitana concentra el mayor número de arrendatarios del país, otras regiones muestran niveles de informalidad significativamente más altos.
La situación más preocupante se registra en la Región de Los Lagos, donde el 46% de los arriendos se realiza sin contrato, la cifra más elevada a nivel nacional.
También destacan niveles superiores al promedio en regiones como:
- Región de Atacama
- Región de Los Ríos
- Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
En algunas de ellas, además, se observa un retroceso en la formalización entre 2022 y 2024.
Arriendo consolidado, pero con alta precariedad
El análisis confirma que el arriendo ya es una realidad estructural en Chile: el 27% de los hogares vive en una vivienda arrendada, proporción que alcanza el 57% entre los menores de 36 años y supera el 60% en extrema pobreza. Sin embargo, la consolidación del arriendo como mecanismo de acceso a la vivienda no ha venido acompañada de una consolidación en garantías jurídicas.
Carlos Aguirre-Núñez, académico investigador de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la USS —y del Núcleo Milenio NUVIV—, advierte que “la falta de contrato aumenta la exposición a desalojos informales, debilita la capacidad de exigir condiciones adecuadas, dificulta el acceso a subsidios o apoyos públicos y reduce la protección frente a alzas unilaterales o conflictos. En la práctica, deja a miles de familias en una situación de mayor vulnerabilidad habitacional”.
Llamado a una estrategia de formalización
Los resultados plantean un desafío urgente para la política pública: avanzar en mecanismos que incentiven y faciliten la formalización del arriendo, especialmente en regiones con mayores brechas y en hogares vulnerables.
Felipe Bettancourt, del Centro de Políticas Públicas de la USS, señala que actualmente el arriendo ya no es un tema para un grupo menor: “En los hogares en pobreza es la situación mayoritaria, y casi la mitad de esos arriendos ocurre sin contrato, dejando a las familias sin protección básica. Por lo mismo, la política habitacional tiene que tomarse en serio la formalización del arriendo, con apoyo focalizado, reglas simples e incentivos que funcionen en las distintas realidades regionales”.