Reforma a la Educación Superior
Los cambios que introduce el proyecto de reforma en materia de acreditación provocarán una importante disminución de la diversidad del sistema, y reducirán la capacidad de innovación de las instituciones.
La Cámara de Diputados aprobó la Reforma a la Educación Superior, pasando ahora a su discusión en el Senado. Como instituciones privadas -que representamos a más del 50% de los alumnos de educación universitaria y técnico profesional- sostenemos que lo aprobado atenta profundamente con el derecho a la educación de miles de jóvenes y familias del país.
Este proyecto de ley no reconoce que la educación superior privada ha permitido la transición desde una educación superior elitista a una más democrática e inclusiva, abriendo oportunidades de calidad a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En Chile pasamos de tener 249 mil estudiantes de educación superior en 1990, a más de 1 millón 200 mil. Hay 885.000 alumnos que estudian en instituciones privadas acreditadas.
Si sumamos los posibles efectos del proyecto de las universidades estatales, creemos no equivocarnos al afirmar que, en un futuro cercano, se pone en serio riesgo la provisión mixta en la educación superior.
Si bien coincidimos en la necesidad de hacer cambios en nuestro sistema en materias de institucionalidad, aseguramiento de la calidad, capacidad de innovación y financiamiento, creemos que este paso debe darse en base a un diagnóstico común y con estudios que demuestren la conveniencia de las modificaciones y medidas que se adopten y no de forma especulativa, fragmentaria o respondiendo a grupos de presión, como ha sido la tónica. Las normas deben basarse en los objetivos buscados, siempre partiendo del análisis de la situación existente, hecho sin prejuicios, en forma seria y basado en evidencias nacionales e internacionales.
Este proyecto de ley no reconoce que la educación superior privada ha permitido la transición desde una educación superior elitista a una más democrática e inclusiva.
El anuncio sobre el avance en materia de gratuidad el año 2018 al sexto decil hace aún más urgente el debate, pues se está legislando sobre el financiamiento, sin tomar en consideración el hecho que, para varias instituciones, el subsidio estatal ha disminuido los recursos disponibles, con serios efectos sobre sus planes de desarrollo. Además, subsiste una profunda discriminación hasta el quinto decil, donde más de 250.000 estudiantes son excluidos de la gratuidad, dados los criterios arbitrarios que fijó el gobierno. Se debería superar primero esta discriminación antes de seguir ampliando esta brecha de inequidades.
Además, si el eje de la reforma era gratuidad y calidad, no se entiende que existan universidades y centros de formación técnica estatales que son gratuitos pero que no cumplen con los mismos estándares que se fijaron para el sector privado. El sector estatal debería ser el ejemplo y no la excepción.
No tiene sentido alguno la obligatoriedad de que el 100% de las universidades deban ser complejas. Con ello, se cuestiona la existencia de casas estudio preferentemente docentes o la esencia de la identidad técnico profesional, desconociendo la realidad internacional de países emergentes y desarrollados, e incluso las clasificaciones hechas por el propio MINEDUC.
Asimismo, los cambios que introduce el proyecto en materia de acreditación provocarán una importante disminución de la diversidad del sistema, y reducirán la capacidad de innovación de las instituciones. No tiene sentido alguno la obligatoriedad de que el 100% de las universidades deban ser complejas. Con ello, se cuestiona la existencia de casas estudio preferentemente docentes o la esencia de la identidad técnico profesional, desconociendo la realidad internacional de países emergentes y desarrollados, e incluso las clasificaciones hechas por el propio MINEDUC. Resulta incomprensible que para las instituciones fuera del Consejo de Rectores, no se consideren fondos para el desarrollo de las nuevas áreas obligatorias, como son la vinculación con el medio, la investigación o la innovación en el sector técnico-profesional.
Este proyecto, marcado por posiciones ideológicas, está atentando contra nuestras instituciones por el solo hecho de ser privadas. Es imprescindible que se respeten los principios de autonomía, diversidad, calidad, libertad de enseñanza, derecho a la educación y pluralidad de proyectos educativos, teniendo como objetivo principal la formación de nuestros alumnos.
Hacemos un llamado a no legislar contra el reloj. Si no se logran acuerdos fundamentales, la nueva normativa no será estable, generando nuevos cambios en un sector que requiere estabilidad y reglas claras para funcionar con beneficio para el país.
Juan Pablo Guzmán, Presidente Vertebral y rector IP – CFT Santo Tomás
Hugo Lavados, Presidente CUP-A y Rector Universidad San Sebastián
Vea la columna en diario El Mercurio