Inclusión laboral: no basta solo cumplir la ley
Las cifras evidencian una realidad preocupante y que tenemos el deber de atender, más allá de la ley, con políticas públicas eficaces e integrales.
Nuestro país ha experimentado en los últimos años cambios que auguran una sociedad más inclusiva y respetuosa. Uno de los principales es impulsado por la Ley de Inclusión Laboral, que entró en vigencia en abril y que tiene por objetivo promover que las personas en situación de discapacidad tengan acceso a un trabajo digno. Un avance necesario, mas no suficiente para lograr la sociedad inclusiva que todos anhelamos.
La ley era el primer paso para abordar una realidad que muchos compatriotas sufren a diario. De acuerdo al Estudio Nacional de la Discapacidad 2015, un 22,4% de la población adulta de la Región del Biobío presenta algún grado de discapacidad, lo que corresponde a 345 mil personas mayores de 18 años. El mismo informe señala que un 8,6% de la población presenta una discapacidad severa, lo que equivale a 132 mil personas en la región. En el segmento etario de 18 a 44 años, un 10,4% de la población presenta discapacidad. Las cifras evidencian una realidad preocupante y que tenemos el deber de atender, más allá de la ley, con políticas públicas eficaces e integrales.
Anhelamos que muchas compañías abran sus puertas, con convicción, compromiso y sentido de equidad, para recibir a personas que -más allá de sus diferentes capacidades- tienen derecho a un empleo.
El desafío nos debe convocar a todos, incluidas las personas en situación de discapacidad. En el caso de las empresas y empleadores públicos y privados, es de esperar que no se conformen con el mero cumplimiento de la ley. Mucho menos que busquen resquicios para no acatarla. La reserva del 1% destinada a personas en situación de discapacidad debería ser sólo el piso. Anhelamos que muchas compañías abran sus puertas, con convicción, compromiso y sentido de equidad, para recibir a personas que -más allá de sus diferentes capacidades- tienen derecho a un empleo.
Es sabido que aquellas personas que por tanto tiempo han sido discriminadas, cuando tienen una oportunidad, demuestran mayor compromiso. Les ha costado tanto acceder a un trabajo que al obtenerlo, se desempeñan con dedicación y responsabilidad. De esta forma, son un aporte al clima laboral, un ejemplo para sus compañeros y una prueba concreta de inclusión en sus organizaciones.
Lograr la plena inclusión pasa por un cambio cultural en el que seamos capaces de respetar la dignidad de todas las personas enfocándonos en sus potencialidades y no en sus déficits.
Pero no basta con que las empresas asuman una actitud proactiva. Es fundamental que aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad se capaciten para ocupar los empleos que, gracias a la nueva ley, se abrirán. También es su responsabilidad ser parte activa en el éxito de la normativa. Si la persona exige el derecho a acceder a un trabajo digno, debe cumplir el deber de formarse para desarrollar las competencias que ese trabajo involucre.
En ese contexto, les cabe una responsabilidad a las instituciones de educación que deben otorgar espacios de formación a estudiantes con diferentes capacidades. Asimismo, tienen la misión de poner en la discusión pública estos temas y generar instancias de debate.
En conclusión, lograr la plena inclusión pasa por un cambio cultural en el que seamos capaces de respetar la dignidad de todas las personas enfocándonos en sus potencialidades y no en sus déficits. En esta senda, nuestra Universidad genera de forma permanente diversas acciones para que las personas, independientemente de su condición física o sensorial, puedan estudiar o trabajar con nosotros. Lo anterior va en la línea de nuestro proyecto institucional que se inspira en el Humanismo Cristiano y que reconoce, valora y defiende la dignidad de todo ser humano.
Fernando Quiroga Dubournais
Vicerrector Sede Concepción
Universidad San Sebastián
Vea la columna en Diario El Sur