El anuncio excluye a instituciones como la U. San Sebastián, pese a que según la última encuesta CADEM, el 73% de las personas cree que este beneficio debería ser para los alumnos de todas las universidades, tradicionales y también privadas.
Tras el anuncio de gratuidad en la Educación Superior para el 60% de alumnos más vulnerables que pertenezcan a universidades del Consejo de Rectores o a IP y CFT sin fines de lucro; diversos actores han levantado la voz acusando un trato injusto y discriminatorio; entre ellos el rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados, quien ha enfatizado que el porcentaje de alumnos de la USS que cumple con los requisitos para el beneficio alcanza el 62%.
“Es evidente la necesidad que tiene una gran mayoría de estudiantes universitarios, en términos de poder financiar los aranceles, porque con los ingresos familiares no es posible hacerlo. Por lo mismo, y en el escenario actual, el tema de la discriminación de acuerdo al tipo de universidad y no respecto del perfil del alumno es francamente inaceptable e injusto”, sostiene el rector Lavados.
Cabe destacar que en las sedes de Valdivia y Puerto Montt de la U. San Sebastián, sobre el 70% de los alumnos pertenece a los tres quintiles más bajos, no obstante, por asistir a una universidad privada, no podrán acceder al beneficio. Asimismo, en la USS, cerca del 90% de los alumnos estudia en carreras acreditadas, lo que actualmente constituye un sello de garantía respecto de la calidad de los programas.
“Se ha dicho que las condiciones para la gratuidad en educación superior pasan por contar con factores que den confianza; uno de ellos es la acreditación. Es importante notar que hay instituciones privadas que tienen más años de acreditación que algunas del CRUCH.”, agrega el rector de la USS.
Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, ha señalado que la gratuidad para el 60% más vulnerable es el primer paso de la medida anunciada por la Presidenta, lo que se extendería al 70% de menores ingresos, de instituciones que firmen el ‘convenio de gratuidad’.
“Es necesario establecer un calendario a partir de 2016, porque dejar sin respuesta a más de 150 mil estudiantes de universidades privadas, y casi 350 mil de IP y CFT, que estudian en programas acreditados, por una decisión administrativa, es inaceptable”, destaca Lavados.
Luego del anuncio de gratuidad efectuado en la Cuenta Pública del 21 de mayo, las reacciones fueron diversas y ampliamente cubiertas por la prensa. Al respecto, la empresa CADEM realizó una encuesta en que el 73% de las personas manifestó que este beneficio debería ser para los alumnos de todas las universidades, tradicionales y también privadas.
María Elizabeth Méndez P. Prensa USS