Examen Único Habilitante para estudiantes de Derecho

La Corte Suprema de Justicia ha propuesto una examinación nacional para los egresados de la tradicional carrera, ¿pero cómo medir conocimientos sin afectar la libertad de cátedra? ¿Quién puede y debe realizar esta evaluación?

Según datos disponibles en la web del Poder Judicial, en el año 2014 en nuestro país juraron un total de 3.384 nuevos abogados; lo que significa un 16% (479) más que el año anterior. Al separarlos por género, un 49% (1.659) corresponde a mujeres y el 51% son hombres.

Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, aludió a este contexto en su discurso de inauguración del Año Judicial 2015 para esbozar una propuesta que concierne a las facultades de Derecho: “la posibilidad de instaurar en nuestro país un Examen Único Habilitante para el Ejercicio de la Profesión de Abogado, al que se sujeten todos los licenciados en derecho que egresen de las facultades del país y del extranjero por igual”, afirmó el ministro Muñoz.

El máximo representante del Poder Judicial afirmó que ésta división del Estado debería supervisar la creación del instrumento de examinación, “con la colaboración de las Facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores, de la Asociación de Universidades Privadas y los colegios de abogados. Dicho examen debiese ser licitado a entidades idóneas, certificando de esta manera la calidad de los profesionales”.

Según datos disponibles en la web del Poder Judicial, en el año 2014 en nuestro país juraron un total de 3.384 nuevos abogados

Para fundamentar su propuesta, Sergio Muñoz comentó en su discurso que “una de las preocupaciones relevantes de quienes conformamos esta institución, es el estándar de formación que deben cumplir los abogados y abogadas. Durante los últimos años se han observado diferencias sustanciales entre estos profesionales, aspecto que normalmente ha derivado en acusaciones criminales, demandas civiles y denuncias de faltas a la ética profesional, todo lo cual contribuye a la desconfianza de los ciudadanos en el sistema de justicia”.

Roberto Ojeda, secretario Ejecutivo del Instituto de Estudios Jurídicos (IDEJ) de la Facultad de Derecho de la U. San Sebastián, explicó que “actualmente, es el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 523 el que establece los requisitos para ser investido del título de abogado, entre los que se cuenta el haber aprobado satisfactoriamente (evaluación superior a 4.0) la práctica profesional. Esta propuesta de Examen Único para estudiantes de Derecho es el ideal necesario –según algunos– para comprobar que efectivamente los egresados cuentan con conocimientos adecuados para ejercer la profesión y poder entregar a la ciudadanía la confianza de que sus problemas serán resueltos por personas capacitadas para ello”.

El abogado Ojeda, no obstante, considera que la idea también puede ser “el anhelo de aquellos que ven como una amenaza los miles de títulos profesionales que año tras año entrega la Corte Suprema. ¿Es necesario introducir más requisitos o cambiar lo existente? Más allá de que se pueda comprobar que el resultado de la práctica profesional sea deficiente, y que exista una voluntad técnica y política para su corrección, no soluciona el problema mayor: ¿Quién toma el Examen Único y quién dirige su ejecución?

Sobre la responsabilidad de la administración del posible Examen Único Habilitante para el Ejercicio de la Profesión de Abogado, Roberto Ojeda del IDEJ USS precisó que “una vía es entregar a la Academia Judicial recursos para esta función, la que sumada a la capacitación y perfeccionamiento de jueces y magistrados de la República, podría convertirla en el principal examinador (al principio) y en el único fiscalizador (a futuro) de los exámenes que se tomen a los aspirantes a abogados, rindiendo cuenta de ello a la Corte Suprema. Pero, ¿qué se evaluaría? ¿Sería necesaria una repetición del examen de grado? ¿Qué pasa con el modelo educativo de cada Facultad de Derecho?

Finalmente, el ministro Muñoz puntualizó que “como sociedad debemos garantizar la calidad de los profesionales del derecho, puesto otorgan un servicio público al asesorar a los clientes y representar a los litigantes… Experiencias variadas hay en el mundo, algunas muy exitosas. La crítica que he escuchado a esta idea es que se prepararía a los licenciados para aprobar este examen y no para ser verdaderos profesionales, objeción que no tiene la entidad para frenar esta iniciativa. Lo cierto es que en la actualidad el Estado ha resentido su papel fiscalizador en la formación de los abogados, circunstancia que no puede mantenerse más tiempo, puesto que se está hablando, además, de un profesional que es Auxiliar de la Administración de Justicia”.