Editorial: A 25 años de la reforma
En el contexto de una de las más importantes crisis de seguridad y próximos a cumplir 25 años de la puesta en marcha de la reforma al procedimiento penal, es indispensable cuestionarnos sobre los resultados que se observan y la necesidad de evaluar su funcionamiento. Pero esta vez, con una aproximación distinta a los que usualmente se hacen, referidas a los aspectos propios del procedimiento.
El fenómeno delictual por el que atraviesa Chile hoy, con un fuerte aumento en las tasas de delitos violentos y con prácticas ajenas al comportamiento criminal usual, nos plantea el desafío de abordar una nueva evaluación poniendo el foco en el marco referencial que acompañó auxiliarmente a la reforma original.
La reforma original pretendía, junto a los principios de imparcialidad, inmediatez, oportunidad, oralidad y tantos otros que marcaron el paso de un sistema inquisitivo al actual, generar cambios más allá del mismo proceso. Explícitamente, se invitó a modificar los criterios de criminalización, exacerbando los principios de lesividad y de última ratio. Se pretendió a su vez, generar las condiciones para la observación del cumplimiento de la pena para evitar así castigos considerados excesivos y se promovió un cambio en la relación del Estado y la policía, favoreciendo la selectividad en el uso de la fuerza.
A la luz de dicho marco, se puede sostener que la reforma procesal del 2000 se construye bajo una hipótesis unívoca sobre el rol que se le asigna a la sanción en la corrección de las conductas reprochadas por la sociedad. En términos prácticos se observa materializada, por ejemplo, en el principio de oportunidad; en el catálogo de penas sustitutivas; en el estándar para la calificación de la prueba a rendir y la valoración de esta; y en los beneficios carcelarios, entre otros. Si bien algunas de las instituciones no nacieron junto a la reforma, es esta la que fija la orientación que tendría el sistema penal chileno, a partir de su entrada en vigencia.
Más allá de las motivaciones que pudieran haber impulsado una reforma basada en premisas garantistas, lo cierto es que su evaluación resulta indispensable. En otras palabras, se requiere analizar si la orientación ofrecida como paraguas del sistema, es lo que demanda hoy la sociedad chilena o si es tiempo de someterla a un examen crítico para adecuarla a los desafíos que nos plantea la crisis de seguridad actual. A 25 años de la reforma, es un ejercicio de revisión que vale la pena impulsar.
Arturo Squella
Subdirector PublicUSS