Editorial Luis Toledo

La reciente publicación de la Ley N°21.694 representa un cambio significativo en el marco legal del país, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la criminalidad organizada y la modificación de los códigos Penal y Procesal Penal entre otros cuerpos normativos.

Esta ley, que fue parte del “fast track legislativo” busca mejorar la eficacia en la persecución penal y reducir las tasas de reincidencia delictual.

Algunas de las modificaciones en la nueva ley que se consideran relevantes para destacar:

• Ampliación de técnicas de investigación: la nueva ley introduce novedades en la interceptación y grabación de comunicaciones, herramientas esenciales para desarticular organizaciones delictivas. Esto permite a las autoridades realizar investigaciones más profundas y efectivas sobre bandas criminales que operan en el país.
• Agilización de juicios orales: se establecen reglas específicas para acelerar los juicios orales complejos, buscando reducir la dilación en la administración de justicia. Esto incluye modificaciones en la producción de pruebas, lo cual es crucial para asegurar que los casos se resuelvan en un tiempo razonable.
• Endurecimiento de penas para reincidentes: la ley introduce un enfoque más severo hacia los reincidentes. Los tribunales están obligados a excluir el grado mínimo de pena si se comprueba que el imputado tiene condenas previas. Esto implica que las penas serán más severas, aumentando el riesgo de sanciones desproporcionadas.
• Estatuto de cooperación eficaz: se implementa un sistema que incentiva a los imputados a colaborar con las autoridades, proporcionando información valiosa sobre sus organizaciones delictivas. Este mecanismo busca facilitar la desarticulación de redes criminales y mejorar la eficiencia del sistema judicial.
• Obligaciones para bancos e instituciones financieras: una de las innovaciones más relevantes en esta ley es la regulación sobre las obligaciones de bancos e instituciones financieras para entregar información al Ministerio Público. Esta medida es fundamental en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, ya que permite un acceso más rápido a datos financieros que pueden ser cruciales para investigar actividades ilícitas.

Si bien la Ley N°21.694 busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado, también ha suscitado críticas sobre su impacto potencial en los derechos humanos y principios fundamentales del sistema penal. Al respecto algunos advierten que el endurecimiento de penas podría no tener el efecto disuasorio esperado y podría resultar en un aumento injustificado de la población penal. Además, se ha señalado que algunas modificaciones podrían alterar principios básicos del debido proceso y limitar las garantías procesales para los imputados.

Con todo, la Ley N°21.694 representa un esfuerzo significativo por parte del Estado chileno para enfrentar el crimen organizado mediante reformas legales robustas. Sin embargo, su implementación requerirá de un equilibrio cuidadoso entre la eficacia en la persecución penal y el respeto por los derechos fundamentales dentro del sistema judicial.

LUIS TOLEDO
Director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado
CESCRO USS