Los problemas globales y locales del mundo actual requieren de una reformulación profunda de los enfoques sobre planificación y gestión pública, en la cual las nociones de adaptación, innovación, resiliencia y aprendizaje deben permear con mayor fuerza algunas tendencias ya observables en lo que pudiera denominarse el giro relacional o deliberativo de la gestión pública y local.
En síntesis, se trata de promover y desarrollar capacidades colaborativas en organizaciones y personas que permitan lidiar con problemas complejos, insertos en entornos a su vez inciertos y multidimensionales. Uno de los ámbitos estratégicos que requiere de mayor atención, a este respecto, se refiere al desarrollo de capacidades para la formación de liderazgos público-colaborativos, entendido este último concepto de forma amplia, en términos de orígenes institucionales, territoriales, culturales y generacionales, entre otros.
Los gobiernos locales se encuentran repensando sus prioridades de desarrollo y a través de su institucionalidad democrática deberán trabajar de forma cercana y colaborativa con todos los agentes para que esta definición sea negociada, dialogada y acordada de forma colectiva en un espacio donde los problemas e intereses públicos y privados se articulen en una agenda pública coherente, consistente y asociada que facilite la gobernanza. Sin embargo, la colaboración no es espontánea ni se impone; requiere de reconstruir las confianzas entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y la institucionalidad democrática, así como también generar políticas y prácticas deliberadas que la faciliten, para crear una cultura colaborativa.
La construcción de confianza pasa por compartir información, abrir canales de participación (más allá de lo informativo y consultivo), rendir cuentas, transparencia en la operación de gestión, pero también requiere de abordar la emoción y los sentimientos más profundos del ser humano: el miedo y la sobrevivencia. Cuando el ciudadano ve sus necesidades básicas cubiertas y se siente protegido y contenido, puede encontrarse dispuesto a participar más activamente en la vida pública ejerciendo sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones.
Las políticas públicas que potencian un desarrollo territorial inclusivo y sostenible deben formularse y gestionarse en el marco de una visión de país de largo plazo, producto de un pacto social y político que contemple los tres pilares del desarrollo sostenible, acompañado de prácticas institucionales que aborden los problemas públicos de forma integral. Esta mirada debe necesariamente tener un enfoque territorial que potencie la diversidad de las vocaciones productivas, capacidades sociales e identidades culturales de los territorios y las capacidades de asociatividad de los actores para que aporten al proyecto de desarrollo.
¿Cuál es el rol de las universidades en este asunto? Esta nueva forma de gestionar lo público requiere de liderazgos renovados que trasciendan la figura del líder tradicional y avancen hacia la redefinición de las relaciones de poder y dar paso a los liderazgos compartidos y colaborativos. En este sentido, la asociatividad y cooperación intersectorial y multinivel, de la cual la Universidad forma parte, se construye a través de la práctica colaborativa apoyada por normas y el desarrollo de nuevas competencias individuales y colectivas.
Es importante reconstruir y fortalecer los lazos de sociabilidad y cooperación entre la ciudadanía para generar mayor solidaridad y confianza en las instituciones y devolverle el valor al espacio público en el que se delibera lo común para que nadie se quede atrás y de manera asociativa generar, desde los territorios, gobernanza para Más Comunidad.
Alina Muñoz
Líder del Programa Territorial Hito Más Comunidad
Académica VcM de la Facultad de Economía y Gobierno