Investigador USS participa en estudio OPS sobre ética de la investigación en América Latina y el Caribe

12 de julio de 2022

Los resultados del estudio, que analiza los desafíos pendientes en la supervisión ética de la investigación en 22 países, fueron publicados en la prestigiosa revista científico-médica The Lancet. 

Un componente esencial de la investigación está dado por los marcos éticos que la regulan, especialmente cuando hay participación de personas (como es el caso de los estudios clínicos), a fin de proteger sus derechos y bienestar. En línea con esto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) diseñó una estrategia de objetivos e indicadores relacionados a los componentes básicos de los sistemas de ética de la investigación.

Utilizando estos indicadores, la OPS realizó un estudio en el que participó el Dr. Bernardo Aguilera Dreyse, investigador de la Facultad de Medicina y Ciencia USS, en el que se evaluaron 22 países de América Latina y el Caribe. “Estos indicadores son una suerte de checklist de aspectos logrados, no logrados, o logrados de manera parcial, para tener una hoja de ruta de hacia dónde ir mejorando y avanzando”, explica el Dr. Aguilera.

“Lo que hicimos fue operacionalizar los indicadores especificando los logros que permiten satisfacerlos o no, y contrastarlos con la información que recogimos en cada país”, detalla. De este modo, el estudio permitió visualizar los desafíos pendientes y ofrecer recomendaciones para que las distintas naciones fortalezcan la ética de la investigación con un enfoque sistémico.

Logros y desafíos de la región

Los resultados de este estudio, publicados en la revista científico-médica The Lancet, muestran que a nivel general, la mayoría de los países ha implementado instrumentos legales para regular la investigación con participantes humanos y cuentan con organismos nacionales encargados de supervisar y apoyar a los comités de ética de la investigación.

Menos avanzado se encuentra el desempeño en formación ética de investigadores, así como en el registro y transparencia de ensayos clínicos; es decir, que exista una política que explicite la obligación de registrar estos ensayos en bases de datos bajo estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los indicadores más deficientes, en tanto, se relacionan con la carencia de políticas que promuevan conductas responsables en investigación, como también para la revisión ética acelerada de investigación durante emergencias (como epidemias y otros desastres naturales), aspectos no cumplidos en la mayoría de los países.

El caso de Chile

El Dr. Bernardo Aguilera señala que Chile en particular no difiere mayormente respecto a la región. “En cuanto a la transparencia de los estudios clínicos, por ejemplo, se da un logro parcial porque existe la obligación de registrarlos en el ISP, que cuenta con una base de datos confiable, pero no está completamente logrado ya que no hay obligación de registro en una plataforma con estándares OMS”, detalla.

Asimismo, señala que el país tiene un gran desafío en cuanto a políticas de promoción de conductas responsables en investigación. “Son temas que requieren de una iniciativa central, que las autoridades lo hagan parte de su agenda. No siempre es necesaria una transformación estructural o una inversión mayor, sino una iniciativa decidida de mejorar estas prácticas ajustando las leyes y reglamentos para que contemplen las áreas en que estamos más rezagados”, agrega.

Además, recalca que los avances deben darse con una aproximación sistémica, es decir, “no enfocarse solamente en algunos aspectos dejando otros de lado, sino de manera integral, armónica y con continuidad en el tiempo, para así robustecer el sistema completo”.

Aporte desde la USS

Finalmente, el Dr. Aguilera destaca que la Universidad San Sebastián es ejemplo de que es posible avanzar en estas materias, distinguiéndose precisamente en aquellos puntos en que el país está al debe. La Vicerrectoría de Investigación y Doctorados cuenta con una Dirección de Integridad, Seguridad y Ética de la Investigación, y se promueve a nivel institucional la formación en capacidades éticas de las y los académicos.

“Si bien la idea es que estas materias queden reflejadas como políticas nacionales, los avances suelen gestarse a partir de iniciativas de personas o instituciones, como es el caso de la Universidad”, concluye.