Ley de Quiebras: personas desconocen sus beneficios

28 de abril de 2017

De acuerdo con las cifras de la Cuenta Pública de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR), más de 2 mil personas y 700 empresas utilizaron la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento durante 2016. Entre el primer semestre de este año y el del año pasado, las solicitudes de quiebras de personas se han incrementado 183%, y las de empresas en 80%.

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Desde las modificaciones realizadas en Chile el año 2014, la Ley de Quiebras incorporó nuevas medidas referidas a las insolvencias y a las solicitudes que pueden realizar bajo el amparo de esta normativa, tanto personas naturales como empresas, sean éstas grandes, medianas o pequeñas.

Entre los factores económicos que impactan directamente en el aumento o disminución de las solicitudes de quiebra, está la posibilidad de renegociar.

Sin embargo, para Javier Irarrázaval, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, “hay que hacer una distinción importante: el solicitar formalmente la liquidación para personas o empresas deudoras (quiebra) es simplemente sincerar una situación ya existente. El que aumente el número de solicitantes de este proceso ante la Superintendencia no implica necesariamente que haya más empresas insolventes en Chile”.

Javier Irarrázaval Nueva Ley de Quiebras

Las alzas en el número de solicitantes que deciden acogerse a la ley “podría significar que las personas/empresas están más conscientes de los beneficios de acogerse al proceso de renegociación de deuda (para personas) y reorganización de empresas, que eventualmente podría terminar en liquidación (quiebra) o bien salvar a la empresa”.

Como la ley entró en vigencia recién en octubre de 2014, es razonable que la difusión de sus beneficios -y por tanto el acogerse a la ley- demore un par de años. Así es que estos indicadores no debieran ser motivo de preocupación, explicó el académico.

Irarrázaval indicó que entre los beneficios de acogerse a la nueva ley de quiebras -en lugar de “bajar la cortina” y cerrar el negocio esperando las demandas de los acreedores- se encuentra el que por cuatro meses (lo que dura la negociación con los acreedores) no se pueden liquidar los bienes de la persona/empresa ni demandarla.

“La posibilidad de poder negociar con el amparo de la Superintendencia podría, eventualmente, terminar en un acuerdo con las deudas repactadas, y conducir así a la restitución plena de la empresa y a su salvación financiera”, aclaró el especialista. “Eso sí, uno de los requisitos para poder renegociar las deudas es, en el caso de las personas, no tener una demanda vigente por parte de los acreedores”.

“Así -puntualizó- es un gran incentivo el acogerse a la nueva ley de quiebras antes de una demanda por parte de los acreedores, ya que por cuatro meses suspende la posibilidad de ser demandado y otorga la eventual posibilidad de un acuerdo”. Irarrázaval precisó que uno de los requisitos para acogerse a la ley es que la deuda total, en el caso de las personas, sea mayor a 80 UF, cuando el promedio de las deudas de morosos es menor a 54 UF. Lógicamente, este requisito apuntaría a no tensionar la capacidad de gestión de la SIR, para que se concentre en aquellas causas de mayor valor. Este requisito, sumado a la falta de conocimiento de sus beneficios, explicaría en parte los bajos números totales de solicitantes, a pesar de su explosivo aumento porcentual.