Dominga y el desarrollo de Chile

25 de agosto de 2017

El rechazo del proyecto minero Dominga por el Comité de Ministros, esta semana, ha sido considerado un golpe importante a los intereses mineros en nuestro país, ya que se han puesto en tela de juicio una serie de proyectos del gremio, que implican una importante inversión.

dominga

La decisión de poner fin al proyecto Dominga generó efectos complejos para la Región de Coquimbo, al perder una inversión local de US$ 2.500 millones, generando aproximadamente diez mil empleos, que no podrán subsanar la alta tasa de desempleo de la zona (que ya bordea el 7,8%). Esta preocupación es antigua, se han estudiado en el tiempo las estadísticas de desempleo tras la clausura del proyecto Agrosuper en Freirina, donde los vecinos se han mostrado arrepentidos del revuelo causado a propósito de los malos olores generados en la zona.

Si bien es cierto que la paralización de proyectos de gran envergadura se han basado en interpretaciones que se pueden calificar al menos como discutida respecto de la norma, haciendo eco de la preocupación social, genera una duda respecto de la ponderación de intereses entre el medio ambiente e inversiones necesarias para generar trabajo y crecimiento es antigua, el desafío en el que debemos centrarnos como sociedad no está en selección de una de estas opciones, sino que, en la conciliación de ambas, ¿cómo crecer en forma sostenible?

Chile ha pasado de un país en vías de desarrollo con interesantes perspectivas de crecimiento, a ser un país en el cual el patrimonio ambiental va tomando cada vez más el sitio que le corresponde.

maria-fernanda-juppet-DerechoLas razones esgrimidas por el Comité de Ministros ya han sido escuchadas en otras decisiones parecidas emitidas por el mismo organismo, recordando, por ejemplo, que aún suena en la memoria colectiva el caso de Hidroaysén, donde se rechazó la segunda etapa del proyecto por la misma razón.

La insuficiencia de los planes de mitigación, compensación y reparación medioambiental, se han convertido en la piedra de tope de proyectos millonarios ya en varias oportunidades, reorientando la forma en que debiéramos pensar esta clase de inversiones.

Hasta ahora, desde una perspectiva clásica, los costos del proyecto, si bien han considerado el cumplimiento normativo y los planes de mitigación, han sido conservadores en los lineamientos que proponen, enfocándose en “cumplir” más que “exceder”, aun cuando la ciudadanía, y hasta cierto punto, la autoridad haciendo eco de esta inquietud, exigen un mayor estándar de cuidado a las grandes corporaciones.

Es posible notar un avance sustancial de nuestro país, que marca un proceso de evolución, Chile ha pasado de un país en vías de desarrollo con interesantes perspectivas de crecimiento, a ser un país en el cual el patrimonio ambiental va tomando cada vez más el sitio que le corresponde, siendo un aspecto a cautelar y proteger por la autoridad, y por la sociedad en su conjunto. Fallos como el del comité de ministros reafirma esta postura.

El costo de esta decisión es claro, nuestro país puede perder potenciales inversionistas, pero aquellos que se vean interesados en participar con sus inversiones en Chile, lo harán con una conciencia de respeto al medioambiente, mediante la aprobación de proyectos sostenibles, como lo harían en los otros países miembros de la OCDE.

Con todo, no es posible desconocer, que la oportunidad de la decisión tiñe políticamente la opción tomada por el Comité de Ministros, considerando que, a meses de iniciar la carrera presidencial, el posicionamiento ante la ciudadanía del conflicto entre los grandes grupos empresariales y el desarrollo sostenible abre un tema de debate del que tendrán mucho que decir los diversos candidatos presidenciales.

En la misma línea, no deja de ser preocupante la señal que se entrega a la empresa privada, particularmente aquella que proviene desde el extranjero, ya que nuestro país va pasando de un destino atractivo para la inversión, a un territorio menos competitivo que otros países de la zona de América Latina. La preocupación que evidencian las asociaciones gremiales no debe ser confundida con una defensa corporativa, ya que es válido plantear que todas las decisiones políticas implican un costo, en este caso, resulta esperable que estas señales afecten al crecimiento, y, consecuencialmente la productividad.

En ocasiones olvidamos que aquellos países con los que nos comparamos han caminado un largo trecho para exhibir los indicadores que presentan

La imagen de la decisión del Comité de Ministros no puede ser observada desde un plano aislado, sino que, en forma sistemática, con las reformas tributaria y laboral, que podrían entenderse como modificaciones en la línea de acortar la brecha de estándares que presentamos en comparación a otros países de la OCDE, afectando otros indicadores en forma consecuencial.

En ocasiones olvidamos que aquellos países con los que nos comparamos han caminado un largo trecho para exhibir los indicadores que presentan, sin presionar en forma desmedida cambios que al olvidar su gradualidad generan consecuencias profundas en el tejido social y las perspectivas financieras del país.

No pasa desapercibida la diferencia que surgió a propósito de la votación entre los mismos ministros, resultando difícil de interpretar en forma distinta a una señal política la negativa a posponer la votación por 72 horas, como fuera solicitado por el Ministro Céspedes. Es difícil comprender que para resolver un proyecto de la envergadura del que nos ocupa se hayan entregados los antecedentes fundantes sin contar con un plazo razonable para su lectura y análisis, convirtiendo una instancia técnico-política, en sólo política.

Conciliando posturas, resulta complejo no considerar que es cierto que un país debe centrar su futuro en una visión de crecimiento sostenible, pero para que ello ocurra no es posible escoger entre el crecimiento o la sostenibilidad, haciendo necesario conciliar posturas que a veces parecen irreconciliables, comprendiendo que se requieren la una a la otra para cimentar un proyecto país en el tiempo. No es posible crecer sin inversión, ni esperar que el crecimiento sea sostenible sin los resguardos ambientales adecuados y decisiones políticas, con cuestionamientos respecto del procedimiento seguido a la hora de la definición de proyectos cruciales para el país, no aportan en este sentido.

María Fernanda Juppet
Directora carrera de Derecho sede Santiago
Universidad San Sebastián

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