En la USS se debatieron los alcances de los delitos de corrupción privada

15 de octubre de 2019

El delito de corrupción privada es de reciente tipificación en la legislación chilena. A través de la ley 21.121, que entró en vigencia a fines del año pasado, se establecieron las figuras penales de administración desleal y de corrupción entre privados. Además, se modificó el delito de cohecho.

 

La Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián realizó el seminario Desafíos en el combate del Corrupción Privada, con el fin de entender los principales alcances de estos delitos. En ese contexto, en la actividad se discutió sobre la falsificación de instrumento privado y la corrupción entre particulares.

En el evento participaron como expositores la vicedecana de Alumnos de la Universidad de Los Andes, Tatiana Vargas y Gustavo Balmaceda, director del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la U. San Sebastián.

El Doctor en Derecho Penal y académico de la USS abrió las ponencias, refiriéndose a la corrupción privada, y explicó que “se trata de una situación en la que un empleado de una persona jurídica, o el mandatario de ésta, al momento de decidir la adjudicación de un contrato, le da la preferencia a un oferente por sobre otro, sin obedecer a un criterio de mercado, por existir un beneficio económico o de otra naturaleza, como el favorecer a un familiar”.

Balmaceda sostuvo que internacionalmente no existía la obligación en los tratados internacionales, pero sí había recomendaciones para enfrentar la corrupción entre particulares, y por eso el Estado chileno decidió tipificarlo.

A su juicio, en esta reforma que aborda la corrupción privada, la figura más importante es la del cohecho privado pasivo, que involucra a un empleado o mandatario.

No obstante, el académico indicó que una crítica que se le hace a la ley es que no se puede sancionar al dueño de la empresa. De hecho, “muchas empresas funcionan con una tradición familiar, y no es raro ver que el mismo propietario de preferencia como oferente a un familiar, en desmedro del funcionamiento del mercado, perjudicando a potenciales oferentes, y eso no es delito porque el tipo penal va dirigido al empleado o a terceros, y no al dueño como sujeto activo”.

Corrupción Privada: Investigación y casos

Por su parte, Tatiana Vargas, Doctora en Derecho Penal de la Universidad de los Andes, abordó desde el ámbito de la Investigación en Derecho y de la revisión de sentencias, el delito de falsificación de instrumento privado y precisó que “nadie va a ir a la cárcel por esto, salvo que exista un perjuicio a terceros. Es más débil que la falsificación de instrumento público. De hecho, parece ser una estafa en un sentido más amplio”.

Sin embargo, indicó que existen sentencias en que “se resolvió por especialidad considerando este tipo de delito y estableciendo que es un engaño especial o particular”. Puso como ejemplo “el conducir con licencia falsa, que es un delito a todo evento, no importando el tipo de vehículo que se conduzca. En los hechos es un caso clásico de especialidad, porque hay daño a terceros y engaño patrimonial”.

Expuso otro caso, pero respecto a “un médico que falsifica un certificado de defunción, donde existe un perjuicio a terceros que no necesariamente es económico, pero si jurídico porque afecta la fe pública. Sería económico, por ejemplo, si hubiera un seguro comprometido. Existen diferencias cuando se trata de la falsificación de un documento, contrato, cheque o moneda respecto a una joya un cuadro. En el caso de la moneda, ésta tiene un curso legal, sale al público y tiene un efecto jurídico. Por eso, un instrumento privado no es cualquier cosa porque fija una realidad especial y ya falsificar algo que salga al comercio tiene un efecto”.

También planteó el caso de una carta donde se realizan imputaciones contra el honor y que fue leída por la madre de la persona injuriada, quien murió de un ataque al corazón por la impresión que le causó esto. En ese sentido, Vargas afirmó que “el engaño o falsedad no es patrimonial, sino contra el honor y el perjuicio no es económico”, ya que se produjo una muerte.

Incluso se refirió al “soporte documental” del delito de falsificación de instrumento privado y señaló que se puede cometer falsedad en un documento electrónico, pero se deben evaluar sus alcances jurídicos y obligatoriedad.